El Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña pidió al Estado nacional y a la Provincia del Chaco que informen si los cambios en pensiones, beneficios por invalidez, asignaciones y programas sociales afectaron a comunidades indígenas alcanzadas por una cautelar histórica de la Corte Suprema.
La resolución fue dictada en la causa “Defensor del Pueblo de la Nación Argentina c/ Estado Nacional y otro”, que controla el cumplimiento de una orden judicial vigente desde 2007. Aquella cautelar obligó a Nación y Provincia a garantizar agua potable, alimentos, transporte y comunicación para los puestos sanitarios de comunidades indígenas del sudeste del Departamento General Güemes y el noroeste del Departamento Libertador General San Martín.
Una cautelar que sigue vigente
El juzgado recordó que la medida de la Corte continúa activa y que el expediente debe revisar si el Estado cumple con esas prestaciones básicas. El pedido actual incorpora el impacto que pudieron tener las auditorías, suspensiones o bajas de beneficios sociales en comunidades del Impenetrable.
La presentación que dio lugar al nuevo requerimiento fue impulsada en la causa por Orlando Charole, en representación de pueblos Qom, a partir de las medidas aplicadas sobre pensiones no contributivas, beneficios por invalidez, asignaciones familiares y otros programas de asistencia estatal.
El tribunal pidió informes al Ministerio de Capital Humano, a la Agencia Nacional de Discapacidad, a los organismos nacionales competentes y al gobierno chaqueño. Todos deberán responder en un plazo de 10 días.
Pensiones y trámites lejos del territorio
La justicia quiere saber cuántos beneficios fueron suspendidos, dados de baja, revisados, auditados o modificados. También se pidió que Nación y Provincia expliquen si antes de aplicar esas medidas evaluaron la situación de las comunidades vulnerables y si tomaron medidas de contención para evitar daños sobre sus condiciones mínimas de subsistencia.
La preocupación apunta a una realidad concreta, durante los controles de pensiones, muchas personas que viven en parajes del Impenetrable tuvieron que trasladarse a ciudades o centros administrativos para acreditar una discapacidad o incapacidad laboral y poder seguir cobrando. En zonas marcadas por grandes distancias, falta de transporte, problemas de conectividad y barreras de comunicación, ese trámite se volvió imposible para muchas familias.
Ese obstáculo terminó con suspensiones o bajas de pensiones para personas que dependían de esos ingresos. La misma preocupación alcanza a la reducción o pérdida de becas y otras prestaciones que impactaron sobre comunidades originarias.
El ajuste bajo control judicial
La Justicia también pidió información sobre las medidas aplicadas en el marco del “Convenio de ejecución Plan Nacional Argentina contra el Hambre – Proyecto Impenetrable”, vinculado con el cumplimiento de la cautelar.
El expediente vuelve a exponer una deuda estructural, en 2007 la Corte había ordenado garantizar agua potable, alimentos, transporte y comunicación para la asistencia sanitaria. Ahora el Juzgado Federal busca saber si las nuevas políticas sociales agravaron la vulnerabilidad de comunidades que ya estaban protegidas por una orden judicial.
La respuesta de Nación y Provincia deberá aclarar si el ajuste y la revisión de beneficios tuvieron en cuenta la realidad territorial del Impenetrable. En comunidades donde llegar a una oficina puede implicar horas de viaje, dinero que no sobra y trámites difíciles de completar, una auditoría mal diseñada puede convertirse en la pérdida directa de una pensión, una beca o una ayuda básica. En el Impenetrable, perder ese ingreso puede significar quedarse sin alimentos, sin medicamentos o sin la posibilidad de trasladarse para recibir atención.