La disputa por el Lote 88 de Miraflores sumó este martes una nueva resolución judicial con dos efectos concretos sobre el Gobierno del Chaco. La jueza civil y comercial de Juan José Castelli, Selva Sandra Gaynecotche, intimó al gobernador Leandro Zdero y al exministro de Gobierno Julio Ferro a abstenerse de formular expresiones públicas contra la sentencia que ordenó entregar el título de propiedad comunitaria a la asociación indígena Mujeres Fuertes. Al mismo tiempo, la resolución vuelve a colocar al Poder Ejecutivo ante la obligación de cumplir un fallo firme que lleva años sin ejecución.
Dos órdenes en una misma resolución
Según la resolución, la jueza intimó a Zdero y a Ferro a no realizar declaraciones públicas orientadas a desconocer la sentencia judicial vinculada al Lote 88. La advertencia incluye multas por desobediencia judicial en caso de incumplimiento de una cautelar dictada en marzo de 2020, que ya prohibía a funcionarios provinciales expresarse en forma contraria a la Constitución, a las órdenes judiciales firmes y a los derechos en juego en este expediente.
El planteo fue impulsado por la abogada de la asociación Mujeres Fuertes, Carolina Aquino, como respuesta a una serie de declaraciones públicas de Zdero y Ferro, y también a presentaciones judiciales de la Fiscalía de Estado orientadas a frenar la ejecución del fallo. En ese marco, la noticia no se agota en el plano discursivo: la intimación también vuelve a poner el foco en el deber estatal de cumplir una sentencia que, según esa reconstrucción judicial, quedó firme hace más de doce años.
El Gobierno ya había salido a frenar la escrituración
La tensión se había profundizado a fines de marzo, cuando el propio Gobierno del Chaco informó oficialmente que Zdero pediría suspender la escrituración del Lote 88. En esa comunicación, el Ejecutivo sostuvo que el avance del proceso, en las condiciones actuales, podía generar un perjuicio para el municipio de Miraflores y sus habitantes, y confirmó que la presentación sería canalizada a través de la Fiscalía de Estado.
Días después, la jueza Gaynecotche suspendió de manera provisoria el ultimátum que obligaba a la Provincia a otorgar el título comunitario, mientras se analiza una discusión sobre la inscripción de la asociación Mujeres Fuertes ante el Instituto del Aborigen Chaqueño. Esa suspensión fue parcial: la magistrada rechazó otros planteos del Gobierno y mantuvo en pie el expediente de fondo.
Por otro lado, la asociación indígena presentó su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, uno de los puntos que el Gobierno venía utilizando para demorar el cumplimiento de la medida judicial. Ese movimiento refuerza la posición de la comunidad en un expediente que sigue abierto, pero con una sentencia cuya validez no fue removida.
La Justicia expone una contradicción del Gobierno
El caso del Lote 88 empieza a mostrar una tensión política cada vez más visible para la gestión de Leandro Zdero. El Gobierno insiste con un discurso centrado en el orden, la legalidad y la institucionalidad. Sin embargo, en este expediente, una jueza le recuerda por escrito que debe dejar de cuestionar públicamente una sentencia y avanzar en su cumplimiento.
La resolución agrega un problema serio para el oficialismo. Zdero y Ferro quedan intimados por la Justicia en un terreno sensible: el respeto a un fallo firme. Eso altera el lugar desde el que el Gobierno quiere pararse frente a la sociedad. En vez de aparecer como autoridad que hace valer las reglas, queda bajo advertencia judicial por su conducta frente a una decisión que debe acatar.
El conflicto del Lote 88 ya tiene peso por lo que involucra en materia de derechos indígenas y por la demora estatal en resolver la escrituración. Desde ahora también deja en evidencia cómo actúa el poder político cuando una sentencia lo obliga a retroceder. Ahí se pone a prueba cualquier discurso institucional.
La jueza le marca al Ejecutivo un límite sobre lo que puede decir públicamente y, al mismo tiempo, le recuerda que el centro del conflicto sigue siendo el cumplimiento del fallo. La Provincia consiguió demorar el trámite con una suspensión provisoria, pero no logró cerrar la discusión. El expediente sigue avanzando y la presión judicial sobre Zdero y Ferro acaba de subir otro escalón.