La diputada mencionó a un país que dejó de existir hace más de tres décadas.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Juliana Santillán, volvió a quedar en el centro de las críticas tras atribuirse una reunión con el embajador de Checoslovaquia, un país que dejó de existir hace 34 años.
El episodio ocurrió luego de un encuentro con diplomáticos de la Unión Europea. A través de sus redes sociales, la legisladora publicó una imagen en la que aseguró haberse reunido con representantes de Brasil, Croacia y Checoslovaquia, evidenciando un error difícil de justificar para quien ocupa un rol clave en política exterior.
Cabe recordar que en 1992, Checoslovaquia se disolvió y dio lugar a dos Estados independientes: la República Checa y Eslovaquia, cuyos representantes diplomáticos son quienes mantienen relaciones formales con la Argentina en la actualidad.
El desliz no es menor si se tiene en cuenta la responsabilidad institucional que implica presidir una comisión estratégica en el Congreso, especialmente en un contexto de negociaciones internacionales como el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Durante ese mismo encuentro, Santillán sostuvo que el país se “reconfigura como un socio confiable”, aunque su propio error generó dudas sobre la solidez de esa afirmación.
El episodio se suma a una serie de antecedentes que ponen en cuestión su idoneidad para el cargo. Antes de asumir como diputada, Santillán se presentaba públicamente como abogada e incluso mencionaba estudios de posgrado que no pudo acreditar. En rigor, su formación conocida es una diplomatura de corta duración en economía austríaca.
A esto se agregan reiterados errores en sus publicaciones en redes sociales, que van desde faltas ortográficas hasta confusiones conceptuales, como cuando saludó por “Nochebuena de Resurrección”, mezclando celebraciones religiosas distintas.
También generaron controversia sus declaraciones sobre la situación económica, al afirmar que una familia tipo podía vivir con ingresos de 360.000 pesos, y su participación activa en iniciativas polémicas dentro del Congreso, como el intento de avanzar con las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino.
El conjunto de estos episodios configura un perfil cuestionado incluso más allá de las diferencias políticas, y vuelve a abrir el debate sobre los niveles de preparación y responsabilidad exigibles a quienes ocupan cargos clave en la representación institucional del país.