Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Corrientes propone instaurar un régimen obligatorio de evaluación toxicológica —conocido como “narco test”— para funcionarios públicos y también para quienes aspiren a cargos electivos. La iniciativa, impulsada por el diputado Pedro Cassani, sumó repercusión en el ámbito político local por su alcance y posibles implicancias institucionales.
El texto establece que todos los funcionarios de los tres poderes del Estado deberán someterse a análisis toxicológicos periódicos. En caso de un resultado positivo, se prevé una contraprueba y, de confirmarse, la obligación de solicitar licencia para iniciar un tratamiento de desintoxicación bajo supervisión sanitaria.
Sin embargo, el punto más controvertido aparece en el artículo dedicado a los candidatos. El proyecto fija que quienes se postulen a gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales —y eventualmente cargos municipales— deberán realizarse el test entre la oficialización de la candidatura y hasta 30 días antes de la elección. Si el resultado es positivo, el postulante quedaría automáticamente inhabilitado para competir.
Este aspecto introduce un elemento sensible en el sistema electoral: la posibilidad de excluir candidaturas por un criterio sanitario, lo que abre interrogantes sobre derechos políticos, garantías constitucionales y eventuales conflictos judiciales.
La iniciativa se inscribe en una tendencia que ya tiene antecedentes en otras jurisdicciones. Provincias como Neuquén, Salta y San Luis avanzaron con normativas similares, aunque en general enfocadas en funcionarios en ejercicio más que en candidatos.
En el caso correntino, el proyecto amplía el alcance y traslada la exigencia al terreno electoral, lo que eleva el nivel de controversia. En los ámbitos políticos locales, la propuesta generó un fuerte impacto, con posiciones que van desde el respaldo en nombre de la “transparencia” hasta cuestionamientos por una posible utilización como herramienta de proscripción.
Además, especialistas advierten que la confidencialidad de los resultados podría entrar en tensión con la sanción prevista —la inhabilitación—, ya que implicaría hacer público un dato sensible de salud. También se señala la falta de precisiones sobre criterios técnicos, sustancias alcanzadas y márgenes de interpretación.
En este contexto, el debate no solo gira en torno a la lucha contra el consumo de sustancias, sino también sobre los límites del Estado para regular condiciones de elegibilidad. La discusión recién comienza en la Legislatura, pero ya anticipa un escenario de alta conflictividad política y, posiblemente, judicial.