En los últimos dos años, el uso del transporte público en Argentina registró una caída sostenida que, según distintos relevamientos, oscila entre el 12% y el 18%. El fenómeno se produce en un contexto de fuertes incrementos tarifarios y pérdida del poder adquisitivo, en línea con las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
El aumento de tarifas en subtes, trenes y colectivos —especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires— acumuló subas de entre 150% y 300% en términos reales desde el inicio de la actual gestión. Como correlato, la cantidad de viajes descendió a niveles inferiores a los registrados en 2023 y 2024, reflejando un cambio en los hábitos de movilidad y, en muchos casos, restricciones económicas concretas para sostener el traslado cotidiano.
Un informe del Instituto Argentina Grande advierte que el impacto ya se percibe en el presupuesto de los hogares. El gasto en transporte pasó a representar alrededor del 3% del salario mensual en algunos casos, cuando anteriormente no superaba el 1%. La reducción en la cantidad de viajes en colectivo y tren confirma esta tendencia, con caídas que se ubican dentro del mismo rango del 12% al 18%.
El deterioro del ingreso real aparece como un factor determinante. Mientras los salarios del sector privado muestran un estancamiento desde fines de 2023, el sector público nacional acumuló pérdidas de poder adquisitivo superiores al 30%. Esta dinámica profundiza la brecha entre ingresos y costo de vida, limitando el acceso a servicios esenciales.
A la par, los incrementos no se restringen al transporte. Datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política indican que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, las tarifas de gas natural aumentaron 913%, el transporte 852%, el agua 376% y la electricidad 228%. En ese mismo período, los subsidios estatales se redujeron de manera significativa, con caídas del 64% respecto a inicios de 2024 y del 75% frente a los niveles máximos de 2022.
El impacto se extiende al consumo y al mercado laboral. Se observa una contracción en la compra de bienes básicos como alimentos y medicamentos, mientras crece el uso del crédito para sostener gastos corrientes. La morosidad de los hogares alcanzó el 6,6%, el nivel más alto desde 2008.
En paralelo, el empleo muestra señales de deterioro. En el último año se perdieron más de 200.000 puestos registrados y cerca de 300.000 trabajadores del sector privado recurrieron al seguro de desempleo tras despidos sin causa. La informalidad laboral escaló al 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, alcanzando su punto más alto en casi dos décadas.
El ajuste también se refleja en las negociaciones salariales. Los acuerdos paritarios registran el ritmo más bajo de los últimos cinco años, lo que contribuye a sostener una desaceleración inflacionaria basada, según distintas lecturas críticas, en la compresión de los ingresos reales.
Con un programa económico orientado a alcanzar el equilibrio fiscal —con una meta de superávit del 1,6% del PBI—, las proyecciones anticipan nuevos recortes en subsidios y posibles aumentos tarifarios. En ese marco, especialistas advierten que la presión sobre los hogares podría intensificarse, profundizando la caída en el uso del transporte público y consolidando un patrón de movilidad condicionado por la capacidad de pago.