La instauración del Día Mundial de los Glaciares, cada 21 de marzo, buscó instalar en la agenda internacional la urgencia de proteger estos ecosistemas clave frente a la crisis climática. Sin embargo, en Argentina, la fecha encuentra un contexto adverso: lejos de reforzarse, el esquema de protección aparece debilitado por cambios normativos recientes.
El 26 de febrero, el Senado dio media sanción a una modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, vigente desde 2010, que redefine el alcance de las áreas protegidas. La reforma habilita actividades productivas en zonas periglaciares, territorios que, aunque representan una porción reducida de la superficie nacional, cumplen un rol estratégico en la regulación hídrica.
Especialistas en ambiente advierten que el impacto potencial excede ampliamente su dimensión geográfica. Estas áreas alimentan decenas de cuencas que abastecen de agua a distintas regiones del país, por lo que cualquier alteración podría tener efectos acumulativos sobre ecosistemas y comunidades.
Desde la década del noventa, la expansión de la minería en zonas de alta montaña —por encima de los 4.000 metros— comenzó a generar tensiones con la preservación de glaciares. La sanción de la ley en 2010 buscó precisamente establecer límites, prohibiendo actividades extractivas, industriales y la liberación de contaminantes en estos entornos sensibles.
La modificación en debate introduce un cambio sustancial: abre la posibilidad de intervención en sectores que hasta ahora estaban alcanzados por restricciones estrictas. Organizaciones ambientales y especialistas legales advierten que esto podría traducirse en mayores niveles de contaminación de ríos y acuíferos, además de una transformación del agua en un recurso subordinado a la lógica extractiva.
El cuestionamiento no se limita al plano ambiental. También se señalan posibles impactos sobre economías regionales vinculadas a la agricultura, la vitivinicultura, la ganadería y el turismo, actividades que dependen de la estabilidad de los sistemas hídricos y que generan empleo con mayor distribución territorial.
En paralelo, el proceso de discusión pública también quedó bajo observación. La convocatoria a audiencias para los días 25 y 26 de marzo registró una participación inédita, con cerca de 100.000 inscriptos. Sin embargo, distintos sectores cuestionan la limitación temporal del debate, al considerar que restringe el intercambio y podría vulnerar estándares establecidos en la normativa ambiental vigente.
Otro punto crítico es la eventual discrecionalidad en la definición de qué áreas quedarán protegidas. Investigadores en glaciología advierten que, de prosperar la reforma, podrían adoptarse criterios administrativos sin suficiente respaldo científico, habilitando la exclusión de ciertos glaciares bajo argumentos de menor relevancia hídrica. Este enfoque, señalan, abriría la puerta a intervenciones directas en entornos actualmente preservados.
Las consecuencias, además, no se agotan en la pérdida de reservas de agua. La actividad minera en cercanías de glaciares puede generar emisiones de polvo que, al depositarse sobre el hielo, aceleran su derretimiento y potencian los efectos del cambio climático.
El trasfondo del debate expone una tensión persistente entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Mientras desde el Gobierno nacional se proyecta a la minería como motor de crecimiento y generación de empleo —con estimaciones que hablan de hasta un millón de puestos de trabajo—, organizaciones sociales y ambientales cuestionan la falta de evidencia empírica que respalde esas proyecciones.
En este contexto, y a la espera del tratamiento en Diputados, distintos actores anticipan un escenario de judicialización. La disputa por el alcance de la norma podría trasladarse a los tribunales, en lo que se perfila como un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites del modelo extractivo y la protección de recursos estratégicos en la Argentina.