El conflicto por la cláusula gatillo docente entró en una semana decisiva en Chaco. La Cámara Segunda de Apelaciones del Trabajo de Resistencia intimó al gobierno provincial a restablecer el mecanismo de actualización salarial y fijó un plazo de dos días hábiles para cumplir. Según dirigentes gremiales, ese plazo vence el miércoles 18 de marzo a las 9, mientras que el movimiento obrero ya resolvió convocar a una movilización provincial para el jueves 19.
La discusión ya dejó de ser solo salarial y pasó a ser también política y judicial. Si el Ejecutivo no cumple con lo ordenado, la resolución prevé la posibilidad de aplicar astreintes, es decir multas por incumplimiento, que podrían recaer de manera personal sobre el gobernador Leandro Zdero. La intimación no surgió de cero: la Cámara avanzó porque consideró incumplida la sentencia dictada en octubre de 2025, que ordenó restablecer la cláusula gatillo para el sector docente comprendido en la Ley 647-E.
Un plazo judicial que aprieta al Gobierno
La novedad de estas horas es que el reclamo gremial ya no se apoya solo en una demanda política sino en una orden judicial concreta. Atech y Federación Sitech sostienen que el plazo empieza a correr el martes 17 y vence el miércoles 18 por la mañana, con lo cual el Gobierno entra en una cuenta regresiva que puede derivar en sanciones si no ejecuta el fallo.
Desde el Ejecutivo, la respuesta fue admitir que la intimación existe, pero atarla al trámite formal de notificación. El ministro de Gobierno, Jorge Gómez Ferro, sostuvo que el procedimiento comenzará a correr cuando reciban la cédula correspondiente y agregó que la Provincia quiere cumplir, aunque aseguró que no cuenta con los recursos para afrontar el pago. En otras palabras: la Justicia ordena, los gremios presionan y el Gobierno contesta que no hay plata.
La marcha del jueves busca unificar el malestar
Mientras el Gobierno gana horas, los sindicatos organizan una respuesta en la calle. En el plenario realizado en Puerto Tirol participaron las centrales obreras, gremios docentes y otros sectores sindicales y sociales, y de allí salió la convocatoria a una marcha provincial para el jueves 19 de marzo. La señal es clara: el conflicto docente empezó con la cláusula gatillo, pero ya se conecta con un malestar más amplio por salarios, pérdida de poder adquisitivo y condiciones laborales.
La movilización también busca convertir un reclamo sectorial en una demostración de fuerza más amplia contra la política salarial del Ejecutivo provincial. No se trata solo de si se paga o no una actualización adeudada. Lo que está en juego es si el Gobierno puede seguir demorando una obligación reconocida judicialmente mientras pide paciencia a trabajadores que vienen perdiendo contra la inflación desde hace meses.
El problema ya no es técnico, es político
La cláusula gatillo fue durante años una herramienta para evitar que los salarios docentes quedaran completamente licuados por la inflación. Su interrupción abrió una pelea que hoy mezcla fallos judiciales, amenazas de multa, apelaciones y protestas. En ese escenario, el miércoles será más que una fecha administrativa: marcará si Zdero decide cumplir una orden de la Cámara o estirar el conflicto aun a riesgo de agravar su frente judicial y sindical.
El jueves la marcha puede dejar una definición simple: si el Gobierno no paga, el conflicto escala. No hay relato que tape eso.