La Cámara Segunda de Apelaciones del Trabajo de Resistencia intimó al gobierno de Leandro Zdero a cumplir de manera íntegra la sentencia que ordenó restablecer la cláusula gatillo para los docentes chaqueños. La resolución fijó un plazo de dos días hábiles para ejecutar lo ordenado y advirtió que, si persiste el incumplimiento, las astreintes podrán aplicarse en forma personal al gobernador.
La decisión judicial llega mientras el expediente sigue bajo revisión del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Ese dato no es menor, pero tampoco suspende por sí mismo los efectos del fallo que había reconocido el derecho de los trabajadores de la educación a recuperar la actualización salarial atada a la inflación. Justamente ahí está el punto político y judicial del nuevo pronunciamiento: la Cámara no esperó una definición del STJ para exigir cumplimiento inmediato.
Qué ordenó la Cámara y por qué complica al Gobierno
La sentencia original había sido dictada el 20 de octubre de 2025, a partir de una acción impulsada por Federación SITECH, y ordenó restablecer el mecanismo de actualización conocido como cláusula gatillo para el personal docente encuadrado en la Ley 647-E. En concreto, dispuso que se actualice el Valor Índice Uno correspondiente a julio y octubre de 2025, aplicando la variación acumulada del IPC nacional en los trimestres abril-mayo-junio y julio-agosto-septiembre de ese año.
Ese fallo sostuvo que la interrupción del mecanismo significó, en los hechos, una rebaja del salario real docente. En su texto, la Cámara remarcó que la actualización por inflación había quedado incorporada a la estructura salarial luego de años de aplicación y que no podía ser eliminada unilateralmente por el Poder Ejecutivo sin afectar derechos laborales y sociales básicos.
La novedad de esta semana es que, ante una denuncia por incumplimiento presentada el 10 de marzo, la jueza Silvia Suárez resolvió intimar al Ejecutivo provincial a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el fallo. Pero además agregó una advertencia de alto voltaje institucional: si no se acata la orden, la multa diaria recaerá de manera personalizada sobre Leandro Zdero.
El trasfondo del conflicto salarial
La cláusula gatillo había sido el mecanismo utilizado para evitar que los salarios docentes siguieran perdiendo frente a la inflación. En el fallo de octubre, la Cámara recogió que el último decreto que contempló ese esquema fue el 575 del 16 de abril de 2025, y que luego dejaron de liquidarse las actualizaciones que correspondían a los meses siguientes. Esa interrupción es la base del reclamo judicial y sindical.
En paralelo, el gobierno provincial apeló la sentencia y llevó la discusión al Superior Tribunal de Justicia. A fines de enero, el procurador general Jorge Canteros dictaminó a favor de hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del Ejecutivo, con el argumento de que las escalas salariales de los empleados públicos no pueden modificarse sin una ley formal. Ese dictamen no resolvió la causa, pero sí dejó en evidencia la estrategia oficial para intentar desactivar el fallo favorable a la docencia.
Los gremios docentes, por su parte, sostienen que la actualización salarial tiene respaldo en el artículo 47 del Estatuto del Docente y que el freno a la cláusula gatillo implicó un deterioro directo del poder adquisitivo. Esa posición fue reiterada en distintas movilizaciones de este año, mientras el conflicto salarial se profundizaba en el inicio del ciclo lectivo 2026.
Una intimación que sube la presión política
La resolución de la Cámara no clausura la pelea judicial, pero sí cambia el escenario inmediato. Ya no se trata solo de un expediente pendiente en el STJ, sino de una orden concreta de cumplimiento con amenaza de sanción personal al gobernador. En términos institucionales, el mensaje es claro: mientras no exista una decisión que revierta el fallo, el Ejecutivo no puede actuar como si la sentencia fuera optativa.
Para Zdero, el costo del conflicto deja de ser únicamente político y pasa a tener también un riesgo patrimonial directo. Para la docencia, en cambio, la intimación refuerza un argumento que el Gobierno intentó correr del centro de la discusión: que la cláusula gatillo no era una concesión discrecional, sino un mecanismo de recomposición salarial cuya interrupción ya fue considerada ilegítima por la Justicia laboral.