La evolución patrimonial atribuida al gobernador Leandro Zdero abrió una pregunta política incómoda y bastante concreta. Según los datos difundidos a partir de su declaración jurada, al asumir el 9 de diciembre de 2023 declaró un patrimonio de $49.574.948,03 y, en una actualización fechada al 1 de agosto de 2025, ese total pasó a $84.946.230,63. La diferencia es de $35.371.282,60 en apenas 20 meses, una suba nominal del 71,3%.
Traducido a una cuenta simple, para llegar a esa diferencia patrimonial debería haber acumulado en promedio $1.768.564 por mes durante 20 meses consecutivos. En términos diarios, eso equivale a unos $58.081 por día.
La rareza no aparece solo en el monto total, sino en cómo se reparte. El rubro de bienes muebles registrables, especialmente vehículos, pasó de $34.350.000 al inicio de la gestión a $70.946.000 en agosto de 2025. Es decir, más que se duplicó en menos de dos años, con un crecimiento del 106%.
Al mismo tiempo, el valor declarado de sus inmuebles se mantuvo en $10.000.230,63, sin modificaciones entre una presentación y la otra. Esa estabilidad absoluta contrasta con la expansión del resto del patrimonio y vuelve inevitable la sospecha sobre el criterio de valuación utilizado, una práctica frecuente en declaraciones juradas donde ciertos bienes quedan congelados en valores históricos o fiscales, muy por debajo de su precio real de mercado.
La pregunta, entonces, no es retórica. Es bastante puntual: ¿cómo logró el gobernador expandir su riqueza personal a ese ritmo mientras la provincia atraviesa uno de sus cuadros fiscales y sociales más delicados? En una gestión que justifica ajustes, salarios rezagados y recortes bajo la bandera del orden fiscal, la velocidad de capitalización del patrimonio del mandatario, especialmente en bienes de consumo de alta gama como los vehículos, supera ampliamente la capacidad de ahorro promedio atribuible a un funcionario público con ingresos declarados.
Ese contraste político se vuelve todavía más filoso porque, según la documentación difundida, Zdero declaró pasivo cero, es decir, sin deudas informadas. En otras palabras, no solo habría incrementado su patrimonio en más de $35 millones en 20 meses, sino que además lo habría hecho sin arrastrar endeudamiento declarado. En una provincia donde buena parte de la población vive corriendo detrás de la inflación, el dato no luce precisamente menor.
Lo que falta, y no debería faltar, es una explicación pública, detallada y verificable del propio gobernador sobre el origen y la composición de ese incremento. Porque el problema ya no es solo cuánto creció el patrimonio. El problema es que, mientras a la sociedad se le exige ajuste, paciencia y resignación, el patrimonio del máximo responsable político de la provincia muestra una expansión acelerada que, por ahora, no tiene una explicación pública igual de clara.
Fuente: Chacoahora.com