El gobierno de Leandro Zdero formalizó este jueves en la Legislatura chaqueña un proyecto de ley para que los dirigentes sindicales de la administración pública y del sector docente que tomen licencia gremial lo hagan sin goce de haberes. La iniciativa fue presentada por el ministro de Gobierno, Julio Ferro, y retoma una definición que el gobernador ya había anticipado el 1 de marzo, cuando sostuvo que “las licencias gremiales no las pueden pagar todos los chaqueños”.
La movida no aparece en un vacío político ni administrativo. Llega apenas días después de la apertura de sesiones y en medio de un fuerte malestar salarial en la provincia, con protestas estatales dentro de Casa de Gobierno y reclamos crecientes de trabajadores que vienen denunciando aumentos insuficientes, congelamiento de ingresos y recortes en distintas áreas.
El argumento oficial y lo que busca cambiar
Según explicó Ferro, el proyecto propone modificar el régimen de licencias del empleado público y el estatuto docente para que los representantes gremiales mantengan la licencia, la antigüedad, la reserva del cargo y el derecho a reincorporarse, pero dejen de percibir el salario estatal mientras dure esa función sindical. El ministro defendió la medida con una frase deliberadamente simple: “no hay que pagar a quien no trabaja”. El oficialismo además sostuvo que el cambio permitiría recortar un gasto que ubica en torno a los $200 millones.
El problema de ese razonamiento es político antes que contable. Presentar la tarea sindical como si fuera una ausencia improductiva equivale a negar que esos dirigentes cumplen una función de representación, negociación y defensa colectiva reconocida por el marco legal argentino y por los principios de libertad sindical que protegen la organización de los trabajadores. La Ley 23.551 establece que la libertad sindical debe ser garantizada por las normas que regulan la acción de las asociaciones sindicales, mientras la OIT considera central la protección de esa libertad y de las facilidades para que los representantes de los trabajadores ejerzan su tarea.
Ajuste, conflicto y disciplinamiento
En los hechos, el proyecto se inscribe en una estrategia de disciplinamiento. El gobierno eligió avanzar sobre los sindicatos justo cuando arrecian los cuestionamientos por la política salarial y cuando los gremios docentes y estatales vienen ocupando el centro del conflicto con movilizaciones, protestas y rechazo a las ofertas oficiales. El mensaje político es bastante transparente, por más que lo disfracen de ahorro: al que protesta, lo debilitan; al que representa, lo asfixian.
La frase “no trabajan” funciona además como un pretexto eficaz para instalar sentido común punitivo contra los gremios. Pero la licencia gremial no es vacaciones ni ocio pago: es el mecanismo que permite a delegados y dirigentes sostener negociaciones, defender afiliados, participar en paritarias y responder frente a conflictos laborales. Quitar el salario durante ese período no elimina la representación sindical en lo formal, pero sí la vuelve mucho más difícil en la práctica, sobre todo para quienes no tienen estructura económica propia para sostenerla.
Una señal contra quienes enfrentan el ajuste
La ofensiva de Zdero tiene además un destinatario evidente. No apunta contra un privilegio abstracto sino contra los referentes que vienen cuestionando el ajuste salarial, la pérdida de poder adquisitivo y las decisiones del Ejecutivo en áreas sensibles, especialmente en educación y en la administración pública. Bajo el discurso de que “todos los chaqueños” no deben pagar esas licencias, lo que se intenta es correr del medio a voces incómodas en un momento de conflicto abierto.
Por eso, más que una simple reforma administrativa, el proyecto debe leerse como una avanzada contra la organización sindical. El gobierno lo presenta como eficiencia. Pero cuando un poder político decide golpear a los representantes de los trabajadores justo en medio de reclamos salariales y protestas masivas, cuesta venderlo como modernización. Se parece bastante más a una maniobra de persecución sindical.