El INSSSEP formalizó, mediante la Resolución N.º 003/2026, la baja del Programa Provincial de Enfermedades Cardiovasculares, una herramienta que venía ordenando cobertura y circuitos para tratamientos de alto costo. La medida rige desde el 6 de enero y desató críticas de la oposición, gremios y afiliados, que advierten impacto directo en pacientes con patologías donde el tiempo y la continuidad del tratamiento no son un detalle administrativo.
En paralelo, el interbloque Frente Chaqueño presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados del Chaco para expresar su “profunda preocupación y enfático repudio” ante la eliminación del Plan Cardio. La iniciativa, identificada como Proyecto N.º 5, fue impulsada por la diputada provincial Analía Flores y presentada el lunes 12 de enero.
Qué dice la Resolución 003/2026 y por qué hay polémica
Distintos sectores que accedieron al contenido de la resolución sostienen que no se trata de un “ajuste de funcionamiento” sino de dejar sin efecto el programa, creado por normas previas (Resoluciones N.º 7260/2021 y 5001/2023) para garantizar mayor cobertura, celeridad y acompañamiento integral en cardiopatías de alta complejidad. El argumento de fondo es simple: pasar estos casos al “régimen habitual” significa más trámites, más demoras y más incertidumbre en una obra social que ya arrastra quejas por tiempos de respuesta.
En paralelo, el Gobierno provincial comunicó que el INSSSEP inició una “revisión y rediseño” del Plan Cardio y que la cobertura se sostendría, pero con un esquema donde la obra social mantiene 50% de cobertura para tratamientos y medicamentos incluidos. Esa comunicación oficial es, precisamente, uno de los núcleos del conflicto: para críticos de la medida, la resolución no “rediseña”, directamente elimina el programa tal como se venía aplicando.
La advertencia de Benítez y el reclamo gremial
Entre las críticas políticas, la exministra de Salud Paola Benítez calificó la decisión como “política” y sostuvo que pone en riesgo vidas en una provincia donde las causas cardiovasculares tienen un peso alto en la mortalidad. También cuestionó el fundamento de “falta de resultados” con un planteo directo: si la gestión actual consideraba que el diseño no funcionaba, la responsabilidad era evaluar, corregir y fortalecer, no desarmar un dispositivo de prevención y acceso.
En el plano gremial, ATE Chaco repudió el cierre del Programa de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares y advirtió que el recorte traslada costos a los afiliados, además de agravar un escenario de deterioro de prestaciones. La organización remarcó que estas patologías están entre las principales causas de muerte y que, cuando se recorta prevención, el ajuste termina en los cuerpos de la gente.
Lo que falta: datos, evaluación y responsabilidades
En salud pública, “falta de resultados” no puede ser una frase suelta. Si el INSSSEP y el Ejecutivo sostienen que el programa no funcionó, deberían publicar indicadores básicos de gestión (cantidad de afiliados incluidos, adherencia, provisión efectiva, tiempos de autorización, auditorías y costos comparados) y explicar por qué la salida elegida fue discontinuar el esquema vigente y no corregirlo.
El trasfondo es todavía más sensible porque las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte también a nivel nacional: en Argentina representan una porción significativa del total de defunciones (27,7% del total en 2022, según un boletín oficial sobre mortalidad por enfermedades no transmisibles).
Con la Resolución 003/2026 ya vigente desde el 6 de enero, la discusión deja de ser teórica: el punto es qué pasa, desde ahora, con quienes dependen de cobertura estable, rápida y sostenida para sostener tratamientos de alto riesgo. Y ahí la responsabilidad política final no es del “directorio” en abstracto: es del gobierno provincial que conduce el sistema y decide qué se recorta y qué se prioriza.