En una sesión maratónica que terminó de madrugada, la Cámara de Diputados le dio media sanción al Presupuesto 2026 (132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones).
Hasta ahí, el “plan de equilibrio fiscal” siguió su curso. Lo llamativo vino después: se rechazó el Capítulo XI (“Otras disposiciones”), donde el oficialismo había metido el artículo 75 para derogar dos leyes sensibles: la Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) y la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795). La votación terminó 123 en contra, 117 a favor y 2 abstenciones.
Se aprueba el marco general del ajuste, pero cuando el recorte pega en dos áreas con alta legitimidad social (discapacidad y universidades), aparecen límites políticos reales, incluso entre aliados circunstanciales.
Qué se aprobó: un presupuesto con “equilibrio” como bandera
El dictamen del Presupuesto 2026 viene orientado a sostener un resultado financiero “equilibrado o superavitario”. En el texto del dictamen figura incluso una estimación de resultado financiero superavitario (art. 4°) por $ 226.469.155.049.
En términos políticos, el Gobierno festejó la media sanción porque venía de años de prórrogas presupuestarias y necesitaba una ley propia para 2026.
El artículo 75: derogar por la ventana y sin votos suficientes
El artículo 75 buscaba derogar explícitamente las leyes 27.793 (discapacidad) y 27.795 (financiamiento universitario).
La oposición (y parte de los “socios” del oficialismo) lo leyó como una maniobra: colgar dos derogaciones explosivas dentro del Presupuesto, obligando a votar un “paquete” que mezclaba temas. Hubo denuncias de “mamarracho jurídico” y de uso del Presupuesto como una suerte de “ómnibus encubierta”.
Resultado: el capítulo completo cayó. Y con eso, las dos leyes siguieron vigentes.
Qué leyes se “salvaron” anoche
- Ley 27.793 (Emergencia Nacional en Discapacidad): declara la emergencia en todo el país hasta el 31/12/2026 (con posibilidad de prórroga) y fija objetivos para asegurar prestaciones y derechos asociados.
- Ley 27.795 (Financiamiento universitario y recomposición salarial docente): busca garantizar el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública y objetivos vinculados a partidas, condiciones laborales y funcionamiento del sistema.
Estas normas, además, venían de un recorrido político pesado: habían sido votadas, vetadas y luego defendidas por el Congreso en 2025, con impacto social visible (movilizaciones y costo político).
Lo que deja la sesión: el Gobierno gana “la ley de leyes”, pero no el capítulo más tóxico
El Presupuesto ahora pasa al Senado, donde puede aprobarse, modificarse o volver a Diputados. En paralelo, el mensaje de anoche fue bastante claro:
- El oficialismo puede armar mayorías para lo macro (equilibrio fiscal, números grandes).
- Pero cuando intenta desarmar políticas sensibles por atajo legislativo, la mayoría se rompe.
Y esa grieta no es ideológica, es supervivencia política. Nadie quiere cargar con el costo de “voté el Presupuesto… y de paso eliminé discapacidad y universidades” en la misma boleta.