En el Chaco, la independencia judicial parece haberse convertido en un obstáculo político. Desde la llegada de Leandro Zdero al poder, los magistrados que dictan fallos contrarios al Ejecutivo enfrentan campañas de hostigamiento, operaciones mediáticas o directamente intentos de destitución. El caso del juez Jorge Sinkovich, que sancionó al gobierno por incumplir una sentencia en favor de comunidades wichí, es apenas el último capítulo de una escalada que preocupa a todo el fuero local.
A días de las elecciones legislativas nacionales, el oficialismo provincial —alineado con Javier Milei— volvió a tensar los límites institucionales. Lo que empezó como un malestar con decisiones judiciales incómodas, hoy deriva en un accionar sistemático de presión sobre jueces que no se pliegan al discurso oficial. Una práctica que, bajo un análisis superficial pero evidente, se asemeja a una lógica autocrática: disciplinar al Poder Judicial para neutralizar cualquier contrapeso.
El episodio más reciente tuvo como blanco a Jorge Sinkovich, titular del Juzgado Civil y Comercial N°6 de Resistencia, denunciado ante el Consejo de la Magistratura por un grupo de diputados oficialistas. Lo acusan de “mal desempeño” y “abuso de autoridad” por haber fijado multas diarias millonarias contra el Estado provincial —las llamadas astreintes— debido al incumplimiento de una orden judicial que garantizaba agua y alimentos a 20 mil personas del pueblo wichí, en El Impenetrable. “El gobierno quiere jueces que le respondan. Si fallás en contra, te persiguen”, dijo Sinkovich, quien además advirtió que “el Estado de derecho en el Chaco está quebrado”.
Pocos días antes, la víctima había sido Dolly Fernández, jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal y magistrada técnica en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Tras dictar la excarcelación de un exfuncionario peronista, Fernández fue objeto de una violenta campaña en redes sociales que incluyó fotos personales, mensajes injuriosos y acusaciones políticas. Entre quienes difundieron esas piezas estuvo el vicepresidente de la UCR chaqueña y actual funcionario del Instituto de Vivienda, Diego Gutiérrez. La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco salió a respaldarla y denunció un intento de “amedrentamiento institucional”.
Ambos episodios ilustran una tendencia que atraviesa toda la administración Zdero: la de alinear al Poder Judicial con el Ejecutivo. Abogados laboralistas, sindicatos y legisladores opositores denuncian que tras el cambio de gobierno se modificaron criterios judiciales en causas laborales, despidos y medidas de protección social. “Antes de abril de 2024 la Justicia era independiente; hoy no lo es más”, sostuvo el abogado Sebastián Ferreyra Negri, quien advirtió sobre fallos contradictorios y resoluciones revocadas sin explicación.
La CGT del Chaco también marchó al Superior Tribunal de Justicia en julio, acusando al Poder Judicial de haberse convertido en “un engranaje funcional al Ejecutivo provincial”. Esa expresión —engranaje funcional— se repite con frecuencia en los pasillos de Tribunales y resume la percepción dominante entre jueces y empleados: que cualquier fallo contra el gobierno puede costar el cargo.
Desde el oficialismo, la respuesta fue negar todo. La presidenta del STJ, Emilia Valle, aseguró que “el Poder Judicial del Chaco es reconocido por su independencia y calidad institucional”. Pero las pruebas en sentido contrario se acumulan: denuncias disciplinarias, campañas de difamación y un clima de miedo que ya no se disimula.
La pregunta, entonces, deja de ser retórica: ¿se trata solo de un exceso de poder o de un proyecto de control absoluto? Cuando un gobernador busca domesticar a los jueces y deslegitimar a quienes no obedecen, lo que emerge no es solo un conflicto de poderes: es la sombra misma de la autocracia.