Cuantos candidatos mas tiene LLA con estas características? No solo Espert, tambien Villaverde, Tortoriello y Márquez.
A días de la elección, José Luis Espert renunció a su candidatura tras la difusión de documentos judiciales que lo vinculan a un empresario acusado de financiar campañas con dinero del narcotráfico. Las pruebas, obtenidas por autoridades de justicia de Estados Unidos, fueron enviadas a la Argentina y provocaron su salida forzada. Sin embargo, ahora sus aliados pretenden usar esa misma renuncia como argumento para victimizarse y cuestionar a la Justicia Electoral, que se negó —con razón— a modificar la boleta única a tan pocos días de los comicios.
El reclamo de los libertarios es que el votante se verá “confundido” al encontrar en la boleta la foto y el nombre de Espert. Pero lo verdaderamente grave no es que el rostro del ex candidato siga impreso, sino que ese rostro haya sido el elegido para encabezar una lista sabiendo sus antecedentes. Según trascendió, tanto Javier Milei como Patricia Bullrich estaban al tanto de los vínculos entre Espert y su supuesto financista, un empresario con causas abiertas por narcotráfico. Aun así, lo sostuvieron hasta que el escándalo fue imposible de disimular.
Resulta cínico que quienes llevaron a ese candidato en la boleta ahora pretendan erigirse en defensores de la voluntad popular. ¿Acaso no se violenta mucho más al votante cuando se le ofrece como opción electoral a alguien bajo sospecha de haber recibido dinero del crimen organizado? La transparencia no se defiende impugnando una boleta impresa, sino evitando que la política se mezcle con los negocios de la droga.
La Justicia Electoral actuó conforme a la ley: no puede modificar un padrón ni reimprimir millones de boletas a días de una elección. Y, sobre todo, no puede hacerse cómplice de una maniobra que busca encubrir la responsabilidad política de quienes avalaron a Espert hasta el último minuto. El intento de disfrazar ese bochorno bajo la excusa de “defender la voluntad del votante” no es más que un ardid para trasladar el costo de la corrupción a la institucionalidad electoral.
Lo que hoy debería discutirse no es si la boleta única necesita un nuevo diseño, sino si la dirigencia que amparó este caso está en condiciones de seguir hablando de ética pública. Porque si la renuncia no se hubiese producido a tiempo —si el vínculo con el narcotráfico se conocía después de la elección—, millones de argentinos habrían votado a un candidato bajo investigación penal. Y eso sí habría sido un fraude real: el fraude moral de una política que se hizo la distraída ante el crimen.
La Libertad Avanza enfrenta un entramado de denuncias judiciales y cuestionamientos éticos que alcanzan a sus candidatos y referentes en distintas provincias. Los casos se repiten en Salta, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Chubut, Buenos Aires y la CANA, y abarcan desde estafas y abusos hasta operaciones irregulares en la gestión pública.
El caso de Nadia Márquez:
Una de las figuras más señaladas es la diputada nacional por Neuquén, Nadia Márquez, hija del pastor evangélico Hugo Márquez. Llegó a la política desde el ámbito religioso y hoy es considerada la “jefa de bloque” de facto dentro de LLA. Sin embargo, arrastra un antecedente judicial por presuntas estafas vinculadas a cursos de apariencia universitaria, dictados bajo la fachada de la “Universidad Regency, unidad cristiana internacional”.
En 2009 la causa se elevó a juicio, pero la legisladora optó por una probation: entregar leche a una entidad benéfica. En 2016, la Justicia certificó que había cumplido. Ella asegura que fue “sólo una denuncia” y que resultó sobreseída en dos instancias. Actualmente, combina su rol parlamentario con cargos en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que recibirá 177,5 millones de pesos en concepto de “asistencia social”, el mismo rubro que en su momento la libró de una condena.
Escándalos en Salta:
En esa provincia, el concejal libertario Pablo López enfrenta acusaciones por abuso sexual y extorsión a militantes, respaldadas con audios. La Justicia ordenó secuestrarle los celulares y, tras el escándalo, fue expulsado de LLA. Su mentor político, Daniel “Gordo Dan” Parisini, intentó despegarse y reconoció que “siempre se cuela algún psicópata”. La difusión de los audios motivó reacciones virulentas de la diputada María Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, quien atacó públicamente a periodistas, a los que llamó “ensobrados” y “lacras”.
Candidatos con causas abiertas:
El listado de controversias incluye a Ricardo Bustos, exprecandidato a diputado, detenido tras violar una restricción judicial impuesta por intimidar al hijo de otro dirigente de LLA. También al santafesino Silvio Garbolino, electo jefe comunal de Melincué mientras enfrenta denuncias por fraude y abuso de confianza en una causa que le valió prisión preventiva y una fianza millonaria.
En Corrientes, el diputado Claudio Lisandro Almirón —acusado de falsificar la firma de su abuela fallecida para quedarse con una herencia— será candidato a gobernador. Lo acompaña Evelyn Karsten, también cuestionada por incidentes en hospitales públicos durante actos partidarios.
En Misiones, como rememora el portal El Cohete a la Luna, la concejala Patricia Buckmayer fue repudiada y suspendida de su cargo docente tras reivindicar a la dictadura en redes sociales, con un posteo en el que celebraba el uso del “Falcon verde” para la represión ilegal.
En Río Negro, como reveló Tribuna de Periodistas, la diputada Lorena Villaverde fue embargada por 50 millones de pesos en el marco de una demanda por venta irregular de terrenos en la zona de Las Grutas.
Los problemas no se limitan a los distritos provinciales. En el propio Gobierno nacional existen figuras bajo investigación:
- Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, fue imputada por una transferencia irregular de 14.000 millones de pesos para la compra de alimentos a través del PNUD y la OEI.
- Juan Alberto Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, es investigado por bienes no declarados en el exterior.
- Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, quedó expuesto en un video donde ofrecía sus contactos para mejorar la imagen de un acusado de abuso sexual en EE.UU.
- Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, tiene familiares con contratos directos con el Estado.
- Maximiliano Bondarenko, candidato bonaerense y ex comisario, aparece en causas archivadas por tomas de terrenos y maniobras para desplazar a jefes policiales.
- Juan Cruz Godoy, candidato del Chaco a Senador, esta siendo investigado por la justicia federal, en dicha investigaci{on, uno de los testigos que declaró ante la fiscalía Federal, aseguró que el primer candidato a senador por la alianza libertaria-radical formó parte del entramado para generar avales truchos con firmas de personas de avanzada edad, analfabetos, seniles y con enfermedades motrices que no habían prestado conformidad.
Una sombra sobre el discurso “anticasta”:
Mientras Javier Milei insiste en diferenciar a su espacio de la “casta política tradicional”, cada vez más candidatos y dirigentes de LLA aparecen señalados en causas judiciales o cuestionados por conductas éticamente reprochables. Desde apologías de la dictadura hasta fraudes millonarios, pasando por abusos y manejos discrecionales de fondos públicos, los casos ponen en entredicho el discurso oficialista.
La paradoja se vuelve evidente: bajo el lema de “la libertad avanza”, proliferan denuncias que exhiben un patrón de prácticas similares a las que el propio Milei prometió combatir.