El anuncio lo hizo el gobernador Leandro Zdero el viernes 19 de septiembre, en la Casa de las Culturas, durante un acto por el Día de los Pastores. El mensaje oficial fue claro: no deberán regularizar los balances atrasados hasta fines de 2025 y desde 2026 “comienzan de cero.” No hay, por ahora, un decreto o disposición publicada que precise el alcance jurídico, los plazos exactos y las condiciones de la “eximición.” Lo que existe es el comunicado gubernamental y coberturas periodísticas.
– En Chaco, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) fiscaliza asociaciones civiles y exige presentación de balances. Eximir retroactivamente a un universo de entidades religiosas, sin norma detallada, choca con la función de control que la propia provincia se asigna. La IGPJ publica instructivos de “presentación de balances” y se define como órgano de registro y fiscalización. Si ahora se “perdonan” atrasos masivos, hay un relajamiento explícito del control estatal.
– El timing político: Justo ahora
El movimiento llega en plena campaña electoral (legislativas nacionales de Octubre) y después de meses de acercamiento del oficialismo a sectores evangélicos. El gesto hacia iglesias que adeudan balances es, en términos prácticos, un guiño de alivio burocrático a actores con peso territorial y capacidad de movilización. Es legítimo interpretarlo como política pública con impacto electoral, aunque el gobierno lo presente como “regularización” y “reconocimiento” al trabajo social.
La sombra de Ledesma
Que el anuncio llegue semanas después de la polémica nacional por el relato del pastor chaqueño Jorge Ledesma, quien dijo que “los pesos se convirtieron en dólares” para financiar su megatemplo, no ayuda. Aquella declaración encendió debates sobre transparencia patrimonial y controles. En ese clima, eximir balances atrasados luce, en el mejor de los casos, como torpeza política, y en el peor, como una señal equivocada respecto de la rendición de cuentas.
¿Es bueno que no rindan cuentas?
No. Facilitar trámites es una cosa; cortar la cadena de trazabilidad es otra. En clave institucional, mal precedente.