El Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia impuso una multa inédita de 85,9 millones de pesos diarios al gobierno del Chaco por no cumplir una medida cautelar que ordenaba garantizar agua potable y alimentos a comunidades Wichí del noroeste provincial. La resolución fue firmada por el juez Jorge Sinkovich y busca forzar el cumplimiento de la tutela judicial efectiva.
El monto, que parece escandaloso por su magnitud, no es azaroso: se calculó sobre una población estimada en 20.000 habitantes y tomando como referencia el valor de la Canasta Básica Alimentaria de julio de 2025 (unos $515.000). La lógica del juez fue fijar una astreinte (multa) lo suficientemente gravosa como para empujar al Estado al cumplimiento inmediato.
La Defensoría General Adjunta presentó la acción por la situación de desamparo y el magistrado consideró que las medidas provinciales hasta ahora fueron “insuficientes”, ante testimonios y reportes que describen condiciones de extrema pobreza, aislamiento y falta de acceso a servicios básicos en zonas como Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito y Fuerte Esperanza. La Provincia ya anticipó que apelará.
La lectura pública es cruda: las astreintes actúan como martillo jurídico para que el Estado haga lo que la orden manda. Pero si la sanción se traduce sólo en una batalla legal larga, quien terminará pagando esa multa no será el gobernador en lo personal, sino el erario provincial —es decir, todos los chaqueños— y, mientras tanto, la vida en el territorio no mejora si los recursos no se destinan a soluciones concretas.
Esta resolución pone en evidencia dos cosas a la vez. Primero, que la tutela judicial es imprescindible cuando el Estado falla: sin jueces que ordenen, muchas comunidades quedarían invisibilizadas.
Segundo, que lo ideal sería que esto termine en acciones reales: si la multa no sirve para que llegue agua continua, comida regular y atención sanitaria móvil con responsables, fechas y comprobantes públicos, entonces la sanción será sólo otro débito que pagamos entre todos los chaqueños y nada cambia en el terreno.
Nota basada en el informe de Bruno Martínez (periodista chaqueño) publicado en Página/12.