La Justicia federal citó a indagatoria a Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza en Chaco y delegado regional de ANSES, acusado de armar afiliaciones partidarias apócrifas con datos vulnerables —adultos mayores, gente con movilidad reducida, personas con baja escolaridad— usando fotos de DNI certificadas por él mismo. El fiscal Patricio Sabadini pide la convocatoria por 40 hechos de falsificación de instrumentos públicos agravados por su condición de funcionario, en concurso real con abuso de autoridad. Fue denunciado ante la jueza Zunilda Niremperger.
De 45 personas citadas, 40 negaron haberse afiliado, muchas con enfermedades motrices o demencia, lo que pintó un cuadro moralmente turbio y políticamente incendiario. La causa también investiga si Rodríguez presionó a empleados de ANSES y PAMI para que aportaran plata al partido, a cambio de conservar su empleo o acceder a cargos.
El contexto es clave: La Libertad Avanza consiguió personería partidaria en Chaco gracias a ese padrón inflado. Mientras tanto, Rodríguez minimizó la causa y la calificó como “tema menor”.
Los problemas con funcionarios libertarios al frente de organismos estatales no son aislados, sino que se replican tanto en provincias como en Nación, donde explotó otro escándalo: Diego Spagnuolo, hasta hace poco director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue apartado del cargo tras la difusión de audios en los que admite un esquema de coimas a prestadores, que beneficiaría a una empresa ligada a Martín Menem. El Presidente decretó su remoción preventiva y el caso fue puesto bajo investigación del fiscal Franco Picardi.
La transparencia prometida a gritos (e insultos) se desvanece frente a los audios y los papeles que no cierran.