Una formación con alrededor de 40 vagones partió desde Retiro con vehículos y equipos del Ejército rumbo al norte: destino Avía Terai y, desde allí, El Impenetrable chaqueño, donde en los próximos días se desarrollarán las prácticas del llamado Ejercicio Libertador (el más grande del año del Ejército Argentino).
No es un paseo: el despliegue incluiría blindados, aeronaves, paracaidistas, fuerzas de monte y un dispositivo logístico de magnitud. El operativo moviliza 3.000 hombres y mujeres, aproximadamente 300 vehículos en movimiento (de los cuales 80 se trasladarán por vía ferroviaria en 40 vagones de carga), y la logística prevé casi 50.000 raciones y 480.000 litros de combustible; la maniobra tendrá una duración de 35 días.
En ese contexto llegó el reclamo público de las comunidades Wichí del Impenetrable. En un comunicado firmado por caciques y referentes, alertan que sus territorios son “ancestrales, colectivos y fundamento de nuestra vida comunitaria” y solicitan ser consultados de “manera previa, libre e informada” ante cualquier medida que pueda afectarlos. Reclaman respeto por sus prácticas culturales y advierten que están “en alerta” ante la llegada del Ejército.
El derecho a la consulta (previa, libre e informada) está reconocido en la jurisprudencia y en tratados internacionales; la pregunta práctica es si el planeo logístico militar contempló coordinación con las comunidades y medidas para minimizar impactos.
Hay otra arista jurídica y humanitaria encima de la mesa: en meses recientes la Justicia chaqueña ordenó al Estado provincial medidas de asistencia (agua y alimentos) a comunidades Wichí asentadas en el Impenetrable, ante la situación de vulnerabilidad que atraviesan. Ese antecedente suma un mandato claro sobre obligaciones estatales de protección y atención que no se pueden obviar frente a un gran despliegue militar en la misma región.
¿Habrá operaciones de práctica? Sí: las crónicas oficiales y los reportes locales son claros en que se realizarán maniobras tácticas y ejercicios de combate multidominio —es decir, maniobras reales de entrenamiento que simulan condiciones operativas—, no simples desfiles. Para las comunidades originarias eso implica riesgo de impacto directo sobre su territorio y modos de vida.
El despliegue ya está en marcha y, mientras el Ejército pone a prueba capacidades, las comunidades wichís piden ser escuchadas y la Justicia ya dejó constancia de la obligación estatal de asistir a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El paso siguiente que corresponde —además de que el Ejército cumpla las normas operativas— es que los gobiernos provinciales y nacionales actúen con transparencia, articulen medidas de protección y efectúen la consulta previa, para evitar que un ejercicio militar termine convirtiéndose en una nueva afrenta sobre territorios ya castigados.