La diputada provincial Mariela Quirós volvió a pedir el tratamiento urgente del proyecto 792/24, conocido como la “Ley de Góndolas chaqueña”, impulsado junto a los diputados Nicolás Slimel y Rodrigo Ocampo, y que propone un Programa Provincial de Competencia Equitativa y Comercialización Regional.
Según la legisladora, la iniciativa busca garantizar una distribución más equitativa de los espacios en supermercados para favorecer a pequeñas y medianas empresas, productores locales y emprendimientos de la economía popular, en un contexto de aumentos sostenidos en los precios de la canasta básica. “El proyecto está, existe, y su tratamiento es urgente. No podemos seguir ignorando que los bolsillos se están asfixiando”, afirmó Quirós.
La presentación del proyecto fue motivada, en parte, por cambios en la regulación nacional: el DNU 70/2023 abrogó la Ley Nacional de Góndolas (Ley 27.545), lo que, según Quirós y los promotores del proyecto, dejó al Estado con menos herramientas para ordenar prácticas comerciales que perjudican la competencia y encarecen los precios. La iniciativa chaqueña busca recuperar —a escala provincial— algunas de esas herramientas para “defender al consumidor y al emprendedor local”.
Los impulsores denuncian prácticas habituales de las grandes cadenas y marcas —acuerdos comerciales que reservan los mejores lugares de exhibición— que, a su juicio, terminan trasladando costos al consumidor y reduciendo la variedad disponible para el público. El proyecto apunta a regular esos mecanismos y a promover la visibilidad de los productos regionales.
Por ahora, el expediente permanece cajoneado en la Comisión de Industria —según los legisladores que lo impulsan—, donde la mayoría oficialista no lo puso en tratamiento. Los firmantes insisten en que la demora equivale a indiferencia frente a una situación que afecta el poder de compra de amplios sectores sociales.
Qué queda en claro: la discusión es tanto política como económica. Para los promotores, la ley provincial sería una herramienta concreta para “democratizar el acceso a los mercados” y aliviar el bolsillo de las familias; para la oposición al proyecto o para quienes defienden la desregulación, cualquier intervención corre el riesgo de encarecer costos administrativos o generar fricciones con las grandes cadenas. La pelota ahora está en la Legislatura chaqueña.