El presidente Javier Milei firmó este sábado el veto a las leyes que otorgaban un aumento a jubilados y pensionados, y declaraban la emergencia en discapacidad. La decisión se oficializará el lunes con la publicación de los decretos en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes del Gobierno nacional.
Ambas iniciativas habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso, con 142 votos a favor en Diputados y respaldo casi unánime en el Senado. La ley previsional preveía una suba del 7,2% real para todos los haberes, un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000 —ajustable por inflación— y la restitución de la moratoria por dos años para quienes no completan los 30 años de aportes.
La norma vinculada a discapacidad, en tanto, declaraba la emergencia del sector hasta 2026 y habilitaba partidas extraordinarias para cubrir atención, traslados y recursos humanos.
El Gobierno argumenta que ambas leyes comprometen el equilibrio fiscal. “Vamos a vetar. Aun si se cayera el veto, lo vamos a judicializar. Y aun si la Justicia actuara con celeridad, el daño sería mínimo y lo revertiremos el 11 de diciembre”, anticipó Milei semanas atrás durante una exposición en la Bolsa de Comercio.
Desde la Casa Rosada aseguran que el veto es parte de una estrategia para preservar el superávit fiscal, respaldada por el Fondo Monetario Internacional. En su último informe técnico, el FMI consideró que las leyes sancionadas generaron un “escenario de tensión política e institucional” y advirtió que el impacto fiscal alcanzaría el 1,5% del PBI. El organismo también subrayó el “compromiso” del Ejecutivo de presentar una reforma previsional antes de fines de 2026.
El oficialismo, sin mayoría en ninguna cámara, trabaja ahora para evitar que el Congreso rechace el veto. En Diputados, necesita que no se reúnan los dos tercios de los presentes para revertirlo. Por eso, mantiene negociaciones con gobernadores y sectores dialoguistas de la oposición, a quienes les ofrece una posible distribución de fondos de los ATN y una reformulación de la coparticipación del impuesto a los combustibles.
“Nadie nos hizo ninguna propuesta de nada”, advirtió sin embargo un gobernador del norte, que pidió cautela ante la falta de señales concretas de la Nación.
El PRO, uno de los aliados legislativos de La Libertad Avanza, aún no definió su postura. “No hubo reuniones por el receso y muchos diputados no están en Buenos Aires”, explicaron desde el bloque, donde conviven posturas divididas.
La posibilidad de una sesión especial para tratar los vetos dependerá del temario de la convocatoria prevista para el miércoles 6 de agosto, que la oposición impulsa con temas como el financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica y el rechazo a una serie de decretos firmados por el Ejecutivo en las últimas semanas.
El recuerdo de 2004 sobrevuela la discusión: ese año, el Congreso tampoco logró revertir un veto presidencial que frenó aumentos en pensiones y educación. La historia, una vez más, parece escribirse en los márgenes de la ley y la política.
Fuente: Infobae