Un amplio bloque opositor buscará imponer mayoría en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 6 de agosto, con una agenda que incluye la ley de financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica, reclamos de gobernadores y la revisión de decretos presidenciales. La sesión marcará el regreso formal del Congreso tras el receso invernal.
La convocatoria cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Por Santa Cruz y el Frente de Izquierda. Un sector de la UCR también anticipó su acompañamiento, lo que garantizaría una mayoría cómoda para avanzar con varios proyectos resistidos por el oficialismo.
Entre los puntos centrales figura el intento de dar media sanción a dos leyes que la oposición impulsa desde hace meses: el financiamiento universitario —incluye partidas para funcionamiento, becas y reapertura de paritarias— y la declaración de emergencia de salud pediátrica, que prevé fondos hasta diciembre de 2026 y la recomposición del Sistema Nacional de Residencias Médicas.
También se buscará destrabar la parálisis de la comisión investigadora del caso $LIBRA, mediante una modificación de su artículo constitutivo para que las autoridades se elijan por mayoría del recinto, luego de que el empate entre dos bloques impidiera su funcionamiento.
Pese a las especulaciones, no se incluyó en el temario el eventual tratamiento de los vetos presidenciales a las leyes sobre moratoria previsional, emergencia en discapacidad y aumento a jubilados, que aún no fueron oficializados pero deberían concretarse antes del 4 de agosto. La oposición sí intentará revertir el veto de Javier Milei a la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca tras el temporal, que preveía fondos especiales para la reconstrucción de la zona.
Ante la inactividad de la Comisión de Presupuesto, se votarán al menos cuatro emplazamientos que fijan fecha de tratamiento para proyectos con fuerte respaldo de los gobernadores, entre ellos la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles —condicionada a la eliminación de los fondos fiduciarios—. Si logran su aprobación, el objetivo es obtener dictamen en comisión y convertirlos en ley el 20 de agosto.
Además, se plantearán otros dos emplazamientos: la declaración de emergencia del sistema nacional de ciencia y el régimen de Promoción de Salud Cerebral, que impulsa un plan nacional para el tratamiento del Alzheimer.
Por último, se incorporará al debate parlamentario el rechazo a una serie de decretos de necesidad y urgencia firmados por el Presidente en los últimos días de sus facultades delegadas. Dos ya fueron suspendidos por la Justicia: el DNU 462/2025, que intervenía el INTI y el INTA, y el 461/2025, que alteraba la estructura de Vialidad Nacional, la Agencia de Seguridad Vial y la CNRT. La oposición busca que el Congreso rechace formalmente esos decretos, lo que podría fortalecer los fallos judiciales.
Otros DNU en la mira son prioridad para el peronismo: el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares).