El diputado nacional Juan Manuel Pedrini, de Unión por la Patria, denunció que el Gobierno nacional está reteniendo fondos del impuesto a los combustibles que, por ley, deberían destinarse a la construcción y mantenimiento de rutas, al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y al sistema previsional. La acusación no es menor: se trata de un tributo que todos los argentinos pagan cada vez que cargan nafta o gasoil, pero cuyos destinos estarían siendo desviados o directamente paralizados.
Pedrini, que preside la Comisión Bicameral de Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, aseguró que “las rutas están detonadas, no se construyen viviendas sociales y no se sabe qué pasa con la plata que recauda el Estado por ese impuesto”. El legislador chaqueño convocó a funcionarios clave del Gobierno para que den explicaciones en el Congreso: el Secretario de Hacienda Carlos Guberman, el titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Juan Alberto Pazo, y el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, deberán presentarse el 5 de agosto.
Según establece la ley, un 30 % del impuesto a los combustibles debería destinarse a infraestructura vial, un 20 % al FONAVI y el resto a fondos previsionales y otros destinos específicos. Sin embargo, la comisión que encabeza Pedrini detectó que esos porcentajes no se estarían cumpliendo, y que los fondos están siendo retenidos por el Tesoro nacional sin justificación ni trazabilidad pública.
En paralelo, el Senado ya dio media sanción a un proyecto para coparticipar ese impuesto, redistribuyendo un 57 % a las provincias, un 28,7 % al sistema previsional y un 14,3 % al Tesoro nacional. El Gobierno de Javier Milei anticipó que vetará la iniciativa si se convierte en ley. Pedrini respondió que, de avanzar el veto, buscarán insistir con mayoría calificada en Diputados para dejarlo sin efecto. “El centralismo fiscal tiene un límite”, declaró, aunque aclaró que eso no implica romper con los gobernadores aliados.
La cuestión no es sólo legal, sino política y territorial. En provincias como Chaco, donde la falta de inversión en rutas nacionales y viviendas sociales es evidente, la situación se vuelve crítica. Pedrini remarcó que obras clave como las rutas 16, 11, 95 y 89 están paralizadas, y que no se construyen nuevas viviendas pese a que los fondos del FONAVI están garantizados por ley.
La comisión buscará determinar cuánto dinero se recaudó en los últimos meses por este impuesto, cuánto se giró efectivamente a ANSES, Vialidad y al FONAVI, y en qué se gastó el resto. El objetivo es reconstruir el recorrido completo de la plata, desde el surtidor hasta su presunto destino. Si los números no cierran, el escándalo podría escalar.
Mientras tanto, millones de argentinos siguen pagando un impuesto invisible, cuyas consecuencias sí se ven: rutas rotas, barrios postergados y jubilaciones en crisis.