La Argentina obtuvo un alivio momentáneo en el juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Estados Unidos. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito ordenó la suspensión temporaria del fallo de la jueza Loretta Preska, que días atrás había ordenado al país transferir el 51% de las acciones de la petrolera —actualmente en poder del Estado— a una cuenta de custodia en favor de Burford Capital, principal litigante en la causa.
La decisión fue adoptada como medida administrativa preventiva y responde a un pedido conjunto de las partes, con el fin de presentar sus argumentos completos antes de una resolución definitiva. Burford lo hará el jueves 17 de julio, mientras que la Argentina tiene plazo hasta el martes 22. A partir de allí, la Cámara decidirá si mantiene la suspensión hasta que se resuelva la apelación de fondo, o si restablece la orden de entrega de acciones.
El documento oficial, firmado por la secretaria del tribunal Catherine O’Hagan Wolfe, reconoció que los demandantes "no se oponen a una suspensión administrativa temporaria para permitir la presentación ordenada de la información". El Gobierno argentino, por su parte, celebró la medida como una buena noticia tras una serie de reveses judiciales en las últimas semanas.
Según fuentes oficiales, la suspensión elimina por ahora el riesgo de un desacato y deja sin efecto el plazo de 72 horas que había fijado Preska para la entrega de las acciones. Voceros del Ejecutivo consideraron que la resolución representa “un revés judicial para Burford” y “una victoria para la soberanía argentina”, aunque todavía se trata de una decisión provisoria.
El abogado Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro y uno de los responsables del caso durante el gobierno anterior, detalló en redes sociales el cronograma inmediato. Explicó que luego del cruce de escritos, la Cámara definirá la integración de la sala de tres jueces que deberá evaluar si suspende definitivamente la entrega de acciones hasta que se resuelva la apelación por el fallo de fondo que obliga al país a pagar más de USD 16.000 millones. Esa definición de fondo podría extenderse hasta 2026, ya que aún no hay fecha fijada para la audiencia.
En paralelo, la jueza Preska convocó esta semana a las partes por cuestiones de “discovery”, en relación con otro pedido de Burford: que se declare a YPF como alter ego del Estado argentino. Si se aceptara esa teoría, el fondo podría avanzar también sobre los activos de la empresa, que quedó fuera de la demanda en 2023. Burford acusa al país de dilatar intencionalmente la entrega de información, algo que fue recogido en los últimos escritos de la jueza.
La causa por la expropiación de YPF, que ya lleva una década de litigio, sigue abierta en múltiples frentes. Mientras tanto, la Argentina busca ganar tiempo y mantener a salvo los activos estratégicos, a la espera de un fallo final que defina el alcance económico y legal de una de las disputas internacionales más costosas de su historia reciente.
Fuente: Infobae