El ministro de Desregulación y Reformas, Federico Sturzenegger, se mostró alarmado por las leyes aprobadas recientemente en el Senado. Según sus proyecciones, el paquete podría “crear 4 o 5 millones de niños pobres en la Argentina”, una afirmación impactante que contrasta con su propia indiferencia ante los efectos que ya está generando el ajuste sobre el sistema de salud, que justamente atiende a esos mismos niños.
En una entrevista con LN+, el funcionario advirtió que las iniciativas legislativas —que incluyen aumentos en jubilaciones, fondos para discapacidad y modificaciones en el reparto de fondos coparticipables— costarían 2,6% del PBI, mientras que los mecanismos de compensación fiscal propuestos sumarían apenas 0,01%. Dijo que eso pone en riesgo el superávit fiscal, “piedra angular” de la actual estrategia económica, y afirmó que el Congreso “ridiculiza” al Senado y a sí mismo con estas medidas “infantiles”.
Pero mientras lanza advertencias apocalípticas sobre un futuro de niños empobrecidos por decisiones legislativas, el Gobierno que integra no parece escandalizarse por el presente: hospitales pediátricos sin recursos, programas de salud infantil paralizados y el Garrahan —emblema del sistema público de alta complejidad— funcionando con dificultades por la falta de presupuesto. Esa paradoja, que a nadie en el oficialismo parece importunar, sí aflora cuando se habla de partidas sociales o del “costo” de la discapacidad.
La ironía se intensifica cuando Sturzenegger sostiene que “la crueldad es tener 10 millones de pobres más por financiar una casta política con inflación”. Sin embargo, ese mismo razonamiento no aplica para recortes que afectan directamente a la población más vulnerable. Lo “cruel”, para este gobierno, parece ser solo aquello que molesta a sus planillas de Excel.
También llamó la atención su recomendación de no vetar uno de los proyectos aprobados por el Senado, que cambia el reparto de Aportes del Tesoro Nacional. Para Sturzenegger, esa ley “cambia el federalismo en la Argentina” y debería mantenerse. O sea, algunas leyes “infantiles” son peligrosas para la economía, pero otras podrían ser útiles para rediseñar el reparto del poder político.
En su exposición, el ministro defendió la motosierra como herramienta de justicia fiscal, se jactó de haber eliminado 50 mil empleos públicos y justificó los despidos preguntando por los “2 mil millones de dólares” que —según él— se le devolvieron a los argentinos gracias a ese recorte. Un razonamiento que omite el colapso de estructuras esenciales del Estado, como la salud, la ciencia, la educación y la asistencia social.
Para cerrar, apeló a su anecdotario anticorrupción en el Banco Ciudad, cuando rechazó una coima y desarticuló una supuesta “mafia” de seguros. Un relato que busca construir una épica moral desde el lugar del funcionario virtuoso, ajeno a los mecanismos de siempre, pero que se contradice cuando no expresa la misma preocupación frente a lo que ocurre hoy en áreas sensibles del Estado, convertidas en tierra arrasada por la desregulación.
Así, mientras habla de “niños pobres del futuro”, el Gobierno sigue desfinanciando los hospitales del presente. Una economía que, en nombre de salvar a la infancia, termina dejando a los chicos sin remedios, sin médicos, sin diagnóstico y sin tratamiento. Una paradoja que ni Harvard ni la motosierra pueden resolver.
Si los niños no tienen salud, si se mueren de cancer, o de otras enfermedades por no ser tratados, no habra oportunidad de que lleguen a ser pobres, ya no estarán para categorizarlos socialmente.
Fuente: Infobae