En los tribunales federales de la Capital, la Justicia despliega su rigor con dos ex presidentes del peronismo. Mientras la campaña “Cristina Libre” —impulsada por organizaciones sociales, sindicales y políticas que denuncian una “proscripción política” y buscan acciones legales internacionales para revertir la sentencia— reclama apoyo masivo, Cristina Fernández de Kirchner deberá devolver unos 537 millones de dólares y continuará con la tobillera electrónica, además de la obligación de presentar un listado previo de visitas.
Apenas un día después, el juez Sebastián Casanello procesó a Alberto Fernández por “negociaciones incompatibles con la función pública” y le trabó un embargo de aproximadamente 11 millones de dólares. En un mensaje en su cuenta de X, el expresidente afirmó que lo persiguen “por ser peronista”. Ambas causas avanzan con notable celeridad y aplicación estricta de medidas cautelares.
En paralelo, Mauricio Macri acumula al menos cinco expedientes relevantes —Correo Argentino, parques eólicos en Chubut, FMI y municiones a Bolivia, Panamá Papers y la fallida “mesa judicial” porteña— que siguen en un letargo procesal: sin medidas urgentes, sin embargos llamativos ni restricciones personales, salvo un tímido impulso en la causa Correo en junio de 2025. Este contraste alimenta la percepción de que la Justicia frena su paso cuando se trata de líderes liberales o alineados con el actual gobierno.
La imparcialidad se quiebra incluso en casos de menor escala. A comienzos de julio, la Policía de Chaco detuvo a un docente jubilado de 63 años por amenazas vertidas en redes contra Javier Milei y ciertos periodistas. Sin embargo, figuras como “El Gordo Dan” y otros tuiteros afines han incitado abiertamente a “sacar los tanques a la calle” o “dinamitar el Congreso” sin que mediara una sola citación o medida cautelar. Este doble rasero refuerza la sensación de que la Justicia actúa como brazo disciplinador de quienes se oponen al modelo liberal‑económico y guarda discreción protectora hacia sus promotores.
En la provincia de Chaco, la grieta se replica a nivel local. Desde abril de 2024, abogados y académicos denuncian presión directa del Poder Ejecutivo sobre los tribunales chaqueños: revocaciones exprés de cautelares, criterios variables según la conveniencia política y paralización de causas que involucran a funcionarios oficiales. Así, el Ejecutivo provincial imprime su sello en fallos a medida, socavando la independencia judicial y degradando la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.
Para completar el panorama, el propio presidente Milei ha amenazado con vetar y “llevar a la Justicia” las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad recién aprobadas por el Congreso, acusando a los legisladores de “degenerados fiscales” y advirtiendo que si su veto no se sostiene judicializará esas normas —una medida que no encuentra soporte en el marco legal vigente y que representa un claro atropello del Ejecutivo sobre el Legislativo a través del poder Judicial.
La imparcialidad de la Justicia solo cambiará si la sociedad abre los ojos: medios, organizaciones y ciudadanos deben exigir transparencia en cada fallo, vigilar los plazos y los argumentos, y demostrar que hoy la doble vara que golpea a unos puede golpear a otros mañana, dejando a todos en manos de la discrecionalidad del poder de turno. Como dice el reconocido poema alemán:
“Primero vinieron por los socialistas, y yo no protesté porque no era socialista. Luego vinieron por los judíos, y yo no protesté porque no era judío. Después vinieron por los sindicalistas, y yo no protesté porque no era sindicalista. Finalmente vinieron por mí, y ya no quedaba nadie para protestar.”
Sin una opinión pública alerta y movilizada, seguiremos permitiendo que la ley sea un privilegio de los poderosos.