En una de las semanas más turbulentas desde que asumió, el presidente Javier Milei redobló su estrategia de aislamiento político: enfrentado con los gobernadores, acorralado por el Congreso y con su vicepresidenta cada vez más distante, el mandatario apeló nuevamente al veto como escudo para sostener su política de ajuste. “Voy a vetar todo y, si se cae el veto, lo voy a judicializar”, advirtió sin rodeos ante empresarios de la Bolsa de Comercio, el mismo día en que el Senado aprobaba una serie de leyes que amplían derechos sociales y ponen en jaque el mantra fiscalista del gobierno.
La jornada en el Congreso dejó tres señales concretas de debilitamiento para la Casa Rosada: se aprobó la emergencia en discapacidad, se prorrogó la moratoria previsional y se votó una mejora en las jubilaciones. Las tres iniciativas fueron resistidas por el oficialismo, pero consiguieron respaldo mayoritario, incluso con legisladores aliados al gobierno ausentes o absteniéndose. El golpe más directo provino del propio espacio libertario: la vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó el debate en el recinto, desobedeciendo la línea oficial. “Traidora”, la calificó Milei horas después, mientras exaltaba a Guillermo Francos como “el mejor jefe de gabinete de la historia”.
La reacción presidencial fue un discurso desbordado de tono mesiánico y cargado de resentimiento político. “Los degenerados fiscales no quieren devolverles a ustedes su dinero”, le espetó a un auditorio de empresarios, a quienes prometió que si la Justicia convalida las leyes sancionadas, él se encargará de revertir sus efectos “en dos meses”, después del resultado electoral de octubre. La motosierra, según dejó claro, no se negocia.
Mientras tanto, desde la cúpula del poder comenzaron a circular acusaciones de “golpe institucional” contra el Congreso. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, denunció que la sesión fue “autoconvocada e irregular” y advirtió que el gobierno no la reconocerá, anticipando una judicialización inmediata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sumó un insólito señalamiento de conspiración: “Quieren arrebatarle el poder al Senado y a la República”, denunció, antes de lanzar ataques personales contra Villarruel.
El clima de hostilidad institucional se trasladó también a las redes sociales, donde militantes libertarios y comunicadores alineados con el gobierno publicaron mensajes de corte insurreccional. Desde pedidos de “tanques en la calle” hasta amenazas de dinamitar el Congreso con legisladores adentro, los posteos pasaron sin desmentida oficial, alimentando una atmósfera golpista cada vez más explícita.
El equilibrio de fuerzas también dejó en evidencia el frágil respaldo de Milei entre los propios aliados de Juntos por el Cambio. Gobernadores como Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres o Gustavo Valdés evitaron el choque frontal con la oposición y permitieron con su indiferencia o voto afirmativo la sanción de leyes que el Ejecutivo considera “venenosas”. La construcción política que Milei pretendía con estos actores se desmorona mientras Karina Milei y su mesa chica buscan imponer candidatos libertarios en sus provincias, profundizando la fractura.
La frase “el equilibrio fiscal no se negocia”, repetida hasta el hartazgo por Caputo y Adorni, se convierte así en la única bandera que sostiene a un gobierno cada vez más replegado sobre sí mismo. Sin diálogo, sin acuerdos, sin coalición. Solo veto, amenaza y negación. En medio de la tormenta, la motosierra no encuentra consenso. Y Milei, cada vez más solo, parece dispuesto a incendiar el Congreso antes que rectificar el rumbo.
Fuente: Página12