La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de ocho años de prisión contra Víctor Brusa, exfuncionario judicial durante la última dictadura cívico‑militar, por su participación en secuestros y torturas. Brusa se convirtió así en el primer juez federal argentino condenado por delitos de lesa humanidad.
Brusa, que en marzo de 1976 era Auxiliar Principal de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Santa Fe, fue señalado por las víctimas Francisco Alfonso Klaric, Luis Eduardo Baffico y Carlos Alberto Chiarulli como uno de los interrogadores que utilizó tortura para extraer declaraciones entre 1975 y 1977 en centros clandestinos de la provincia. A pesar de su rol administrativo, los testimonios lo ubican como un “agente represivo activo”, quien visitaba a los detenidos sin la presencia de juez ni fiscal.
En abril de 1978, Brusa ascendió a Secretario del Juzgado Federal. Incluso, tras el retorno de la democracia, fue designado juez federal en 1987. Aunque llegó a gozar de prisión domiciliaria, esta condición fue revocada en 2022, tras su primera condena en esta causa.
Además de Brusa, Casación confirmó una pena de 6 años y 6 meses para María Eva Aebi, exagente de la Brigada Femenina de la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe. Aebi fue hallada culpable de privación ilegal de la libertad contra María de los Milagros Almirón y Marta Susana Berra en 1976. Testimonios la describen como la “mano derecha” del jefe de la Guardia de Infantería, Juan Calixto Perizzotti, responsable de la represión contra militantes en la provincia.
Esta resolución de Casación es la segunda en dos semanas: el pasado 1 de julio ratificó la prisión perpetua contra Jaime Smart, exministro de Gobierno bonaerense, por su rol en asesinatos durante la dictadura.
Los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar rechazaron los recursos de los defensores al considerar imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad y suficientemente acreditada la responsabilidad de los acusados.