La política de ajuste impulsada por el gobernador Leandro Zdero sigue generando despidos en el sector público chaqueño. Hoy, trabajadores del Instituto de Colonización fueron notificados de cesantías sin previo aviso, en lo que representa un nuevo capítulo del proceso de desmantelamiento del Estado provincial iniciado en diciembre de 2023. La ola de despidos se suma a los ocurridos en áreas estratégicas como la Municipalidad de Resistencia, ECOM, ATP, Cultura, Desarrollo Social, Salud, Infraestructura y organismos descentralizados, muchos de ellos ejecutados sin garantías administrativas y bajo la cobertura de una Justicia que hasta ahora no ha cuestionado el proceder oficial.
Los trabajadores de Colonización manifestaron su repudio frente al edificio del organismo, ubicado en el microcentro de Resistencia, al considerar que las cesantías obedecen a una lógica de ajuste fiscal, pero también de persecución ideológica. Algunos de los empleados despedidos contaban con más de 15 años de antigüedad y antecedentes de militancia sindical. “No es solo un recorte de personal, es un intento de disciplinamiento político”, denunció una delegada gremial del sector.
Desde la asunción de Zdero, el gobierno chaqueño sostiene un discurso de “reordenamiento del Estado”, pero en la práctica las medidas ejecutadas han afectado masivamente a trabajadores de planta contratada, becarios, y personal precarizado, sin instancias de diálogo previas ni evaluaciones transparentes. En la Municipalidad de Resistencia se produjeron más de 400 despidos en los primeros meses de gestión; en ECOM y ATP, las desvinculaciones se ejecutaron con criterios poco claros y en medio de denuncias por vaciamiento institucional. La Justicia no esta actuando en consecuencia lo que provoco la masiva movilizacion al STJ de la provincia este ultimo martes 8 de julio.
En paralelo, los gremios estatales vienen denunciando hostigamiento laboral, recortes salariales encubiertos y presiones para renunciar a estabilidad o antigüedad a cambio de continuidad laboral. La CGT del Chaco ya inició un plan de lucha que prevé una huelga provincial si no se revierten las cesantías y no se garantiza el respeto de los derechos laborales más básicos.
“La provincia más pobre del país no puede ser el laboratorio del ajuste más brutal. Despiden sin evaluar, sin notificar debidamente y sin contemplar la situación social del trabajador. El Estado está siendo vaciado y lo poco que queda es entregado a funcionarios afines o a terceros sin experiencia”, señaló un dirigente sindical del sector rural.
Los despidos en el Instituto de Colonización impactan directamente en el desarrollo de políticas públicas en el interior profundo de la provincia, ya que ese organismo tiene como misión la regularización de tierras fiscales y el acompañamiento a pequeños productores y comunidades rurales. Sin personal capacitado, se paralizan expedientes claves para el arraigo, la producción y el acceso a derechos de poblaciones vulnerables.
Pese a los reclamos y manifestaciones, el gobierno de Zdero no ha dado marcha atrás con ninguno de los despidos ejecutados desde diciembre. Por el contrario, cada semana aparecen nuevos sectores afectados. En muchos casos, las cesantías son comunicadas por fuera del circuito formal, sin resoluciones publicadas ni posibilidad de defensa por parte de los trabajadores.
A 19 meses de gestión, el gobierno chaqueño acumula cientos de cesantías, conflictos gremiales sin resolver, salarios devaluados y una creciente conflictividad social. Mientras tanto, el Poder Judicial guarda silencio frente a medidas que vulneran derechos adquiridos, convalidando un modelo que profundiza la precarización laboral y desarticula el entramado institucional del Estado provincial.