Casi cinco meses después de que estallara el escándalo, la Justicia avanza en la investigación sobre Laura Belén Arrieta, una exazafata vinculada a la derecha internacional y organizadora local de la cumbre de la CPAC, que llegó a la Argentina en febrero en un vuelo privado desde Miami con diez valijas que eludieron los controles de Aduana. Pese a que el Gobierno negó irregularidades, asegurando que todo se había hecho “siguiendo los protocolos”, las nuevas pruebas revelan lo contrario y refuerzan la hipótesis de contrabando.
El vuelo que trajo a Arrieta pertenece a la empresa Royal Class, del empresario Leonardo Scatturice, recientemente vinculado a Fly Bondi y con contactos fluidos con la administración de Javier Milei. El arribo se produjo al Aeropuerto de Ezeiza y luego continuó al Aeroparque porteño, donde las cámaras de seguridad registraron maniobras irregulares: Arrieta y dos tripulantes fueron escoltados por personal aduanero, evitando el paso por escáneres y controles habituales. A los demás pasajeros sí se les revisó el equipaje, lo que volvió aún más sospechosa la excepción hecha con ella.
La Administración Nacional de Aviación Civil no tenía el vuelo debidamente registrado, y los datos migratorios fueron manipulados: se informó oficialmente que el avión partía desde Fort Lauderdale y regresaría allí mismo, pero en realidad había salido de Opa-Locka y luego siguió rumbo a París. El dictamen de la Fiscalía sostiene que la omisión de los controles fue deliberada y se dio “a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos” para realizarlos.
El diputado Maxi Ferraro, que sigue el caso desde sus inicios, denunció el encubrimiento: “Es gravísimo que los amigos del poder se muevan con este nivel de privilegios, pero peor aún es que el Gobierno haya mentido para taparlo”. Ferraro presentó pedidos de acceso a la información a Migraciones, PSA, Aduana y ANAC, todos rechazados o respondidos con evasivas. Ahora, con el impulso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el Ministerio Público Fiscal, el caso toma nuevo impulso y podría derivar en más complicaciones para la Casa Rosada.
Según las nuevas pruebas, Arrieta fue vista descendiendo del avión y entregando un teléfono a una agente de Aduana, quien respondió con un gesto aprobatorio, sin registrar el dispositivo ni los bultos. Este comportamiento, junto con su cercanía con la cúpula de La Libertad Avanza y su rol como nexo local de la CPAC —la organización republicana de ultraderecha que responde a Donald Trump—, refuerza el perfil político del caso.
Mientras la Justicia sigue investigando, el escándalo vuelve a poner en cuestión el manejo gubernamental de los controles aeroportuarios y la posible existencia de privilegios para aliados ideológicos del oficialismo.
Fuente: Pagina12