El Poder Ejecutivo, mediante un decreto firmado este lunes, dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) junto a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida responde a una “profunda reorganización del área de Transporte” que busca optimizar recursos y agilizar la ejecución de proyectos.
Con el cierre de la DNV, sus atribuciones de estudio, construcción, conservación y mejoramiento de la red troncal de caminos nacionales pasarán a la órbita del Ministerio de Economía, que podrá delegarlas a las jurisdicciones que considere pertinentes. Además, la fiscalización y el control de concesiones viales serán asumidos por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
En los considerandos del decreto, el Gobierno cuestiona “una estructura compleja” que no se ajusta a las necesidades actuales de gestión, con “falta de agilidad en la ejecución de proyectos y altos costos operativos para el Estado Nacional”. Adorni sostuvo que la DNV había devenido en “un ícono de la corrupción” y que la reorganización pondrá fin a ese ciclo.
Según datos oficiales, la DNV contaba con 5.184 agentes: 1.091 en Casa Central y 4.053 distribuidos en los 24 distritos viales. Del total, el 67 % cumplía funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, mientras que solo el 33 % realizaba tareas operativas en territorio, lo que para el Gobierno evidencia un sobredimensionamiento administrativo. Se mencionó además que la disolución generará un ahorro anual estimado en 100 millones de dólares, con un mayor involucramiento del sector privado en el mantenimiento de rutas.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA) denunciaron que el cierre pone en riesgo la seguridad vial y miles de empleos. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, advirtió que “el abandono de nuestras autopistas” se agravará y exigió a los gobernadores que intervengan para frenar lo que calificó como “un retroceso sin precedentes”.
La oposición también se pronunció con dureza. Desde Juntos por el Cambio, el exvicepresidente Julio Cobos afirmó que esta decisión es “el cierre de instituciones históricas y fundamentales para el desarrollo” y advirtió que, en un país con rutas deterioradas, “Milei decide desmantelar Vialidad Nacional”. José Cano, extitular de la Unidad del Plan Belgrano Norte durante la gestión de Mauricio Macri señaló que “no es eficiencia: es abandono. No es reforma: es desmantelamiento del Estado”.
El decreto sugiere además estudiar la transferencia de funciones al sector privado para “generar ahorros significativos” en el mantenimiento vial. Habrá que ver si la promesa de una gestión con menos burocracia y más flexibilidad termina en rutas más seguras y proyectos cumplidos, o si queda como excusa para recortes que erosionen capacidad técnica y empleo público. Por ahora, el fin de Vialidad Nacional marca un antes y un después en la obra pública argentina.
