Este lunes 7 de julio a las 12 en los tribunales de Comodoro Py, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal escuchará a las partes en una audiencia decisiva para el futuro inmediato de Cristina Fernández de Kirchner. En el orden del día están los tres ejes clave de su arresto domiciliario en San José 1111: el uso obligatorio de la tobillera electrónica, las restricciones al régimen de visitas y la posibilidad de cambiar el domicilio de cumplimiento.
La defensa de la expresidenta pedirá “más flexibilidad en las visitas y que no utilice tobillera” en función de su estado de salud y de la dinámica de su vida cotidiana en Constitución. Por su parte, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola (ratificados por el fiscal general de Casación, Mario Villar) insistirán en que Kirchner cumpla la condena de seis años de prisión en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal o, al menos, que mantenga todas las medidas de control electrónico vigentes.
“Si tiraban gente de los aviones, ¿cómo no me voy a bancar yo esta tobillera?”, ironizó la expresidenta mientras un funcionario de la Dirección de Asistencia a Personas bajo Vigilancia Electrónica le colocaba el dispositivo, en un claro guiño a los crímenes de la dictadura de los 70.
Sentados frente a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña –los mismos que en noviembre pasado confirmaron su condena en la causa Vialidad–, los argumentos girarán en torno a si el arresto domiciliario cumple su función resocializadora y de garantía de derechos, o si debe convertirse en cárcel común para una exmandataria condenada por corrupción.
Tras la audiencia, los jueces tendrán cinco días hábiles para resolver, aunque el mercado judicial apuesta a que habrá una definición antes del fin de la próxima semana. Sea cual sea el veredicto, el fallo de Casación marcará un antes y un después en la historia judicial de la principal líder de la oposición argentina.