La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño, tras haber ordenado detenciones y allanamientos calificados como “ilegales” y “arbitrarios” contra cinco militantes peronistas. La denuncia fue presentada por los diputados nacionales Mariano Recalde y Vanesa Siley, ambos representantes del oficialismo en ese órgano de control judicial, y reabre una discusión profunda sobre el uso del aparato judicial en el marco de un clima político cada vez más tenso.
Los hechos que motivaron la presentación judicial tienen como disparador un escrache frente al domicilio del diputado libertario José Luis Espert —alineado con el presidente Javier Milei— donde se dejó un pasacalle crítico y una bolsa con estiércol. Pese a tratarse, según los denunciantes, de una contravención menor que como mucho debería haberse tramitado en el fuero contravencional o municipal, la jueza ordenó la detención incomunicada de los involucrados y su traslado al penal de máxima seguridad de Ezeiza.
Entre las personas detenidas se encuentran Eva Mieri, concejala y referente del PJ en Quilmes; Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres bonaerense; y otros tres militantes, todos con vínculos partidarios pero sin antecedentes penales. Las detenciones fueron pedidas por Espert y ejecutadas por las fuerzas de seguridad bajo el mando de Patricia Bullrich, en un operativo que incluyó allanamientos en domicilios y oficinas públicas.
La situación desató duras críticas desde sectores de la oposición, que denuncian un intento de criminalizar la protesta política y encuadran el accionar judicial como parte de una estrategia de persecución. Desde Unión por la Patria advirtieron que lo ocurrido constituye un uso abusivo del Poder Judicial con fines disciplinadores, especialmente contra militantes que, lejos de representar una amenaza real, expresaban una manifestación simbólica de rechazo.
En su denuncia ante el Consejo de la Magistratura, Recalde y Siley acusan a Arroyo Salgado de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, por haber dispuesto medidas desproporcionadas e incompatibles con los derechos constitucionales de las personas involucradas. La jueza, que ya tuvo notoriedad pública en otras causas sensibles, quedó ahora en el centro de una tormenta institucional.
La Cámara Federal de San Martín deberá revisar en los próximos días la legalidad de las detenciones, mientras crecen las denuncias sobre un esquema de persecución a la militancia opositora amparado por sectores del oficialismo nacional. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, denunció públicamente que el caso forma parte de “un modelo de represión selectiva”, enmarcado en la ofensiva libertaria contra el peronismo y los movimientos sociales.
En paralelo, los detenidos continúan alojados en el Servicio Penitenciario Federal, una medida que no se condice con la gravedad del hecho investigado y que, para sectores del derecho, representa un retroceso en las garantías del debido proceso y en el estándar de proporcionalidad judicial.
En un clima social ya caldeado por el ajuste económico, los recortes y la confrontación permanente del Gobierno con la oposición, el episodio amplifica el debate sobre los límites entre justicia, política y represión. Y plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el poder político para silenciar la disidencia?
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