El gobierno de Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal Marcelo Bailaque, acusado de un amplio abanico de delitos que van desde el encubrimiento del narcotráfico hasta la extorsión, sin que el proceso de juicio político llegara siquiera a iniciarse. Pese al tono moralizante con el que el Ejecutivo acompañó el anuncio, lo cierto es que la aceptación de la renuncia impide el avance de un Jury que podría haber inhabilitado al magistrado de manera ejemplar y definitiva.
La decisión, oficializada mediante el decreto 443/2025, implica una salida funcional y conocida en el fuero judicial argentino: renunciar para evitar la destitución y conservar, si no se modifica por vía penal, los beneficios de una jubilación privilegiada. Aunque desde el Ministerio de Justicia se apuraron en asegurar que Bailaque podría perderla, lo cierto es que sin condena firme ese escenario es lejano, incierto y depende ahora únicamente del sistema penal ordinario. El Jury, en cambio, era una vía institucional directa.
No es un detalle menor que organizaciones como ACIJ e INECIP solicitaran expresamente que la renuncia fuera rechazada, advirtiendo que casi un tercio de los juicios políticos a magistrados en Argentina se frustra justamente porque se acepta la renuncia antes de tiempo. El argumento de “seguir el proceso penal” como compensación institucional resulta insuficiente: las faltas éticas, el mal desempeño y la inhabilitación profesional también deben juzgarse políticamente, como marca la ley, y no diluirse entre apelaciones interminables.
El Gobierno argumenta que con la renuncia Bailaque pierde sus fueros y por tanto puede ser juzgado como cualquier ciudadano. Pero en los hechos, la figura del juez acusado de proteger al narco Esteban Alvarado, de extorsionar empresarios con ayuda de un funcionario de la AFIP y de desviar fondos públicos no enfrentará a sus pares en el Consejo de la Magistratura, donde el juicio político habría revelado no solo su conducta sino las redes de encubrimiento institucional que lo sostuvieron durante años.
En lugar de asumir el costo político de sostener el Jury hasta el final, el Ejecutivo optó por el atajo. Y lo hizo en nombre de la “nueva Argentina”, pero con las herramientas de siempre: el silencio ante los aliados, la aceptación de renuncias que limpian el expediente y la reproducción de un modelo judicial que permite a jueces fuertemente cuestionados retirarse con los beneficios intactos.
Mientras tanto, Rosario sigue sumida en una violencia estructural, y la Justicia federal, que debería enfrentar al narcotráfico con independencia y firmeza, pierde otra oportunidad de sanearse desde adentro. En vez de exhibir al sistema rindiendo cuentas, lo vuelve a proteger con un velo formal.
Aceptar la renuncia de Bailaque no fue un gesto de ética institucional. Fue una jugada cómoda, legal pero regresiva, que le niega a la sociedad el derecho a una verdad completa y a una sanción ejemplar. Si esta es la “restauración moral” que propone el Gobierno, difícilmente se pueda hablar de cambio.
Fuente: Ambito