El jueves 26 de junio, el jefe de ministros Guillermo Francos abandonó abruptamente una interpelación en el Senado tras ser acusado de “mentiroso” por la senadora Cristina Cándida López (Tierra del Fuego, Unión por la Patria). Molesto por el insulto, exigió una rectificación que nunca llegó y, sin terminar su informe sobre la baja de aranceles a productos importados, salió del recinto dejando la sesión suspendida y al oficialismo obligado a convocar una nueva comparecencia para la semana siguiente.
Un día antes, en la Legislatura de Chaco, el ministro de Seguridad Hugo Matkovich protagonizó una escena similar: tras exponer sobre la muerte del oficial Agustín Duarte en un curso policial, se retiró sin responder las preguntas que la oposición le planteó en vivo. Diputados del PJ y bloques aliados lo denunciaron como un acto de “autoritarismo” y “opacidad institucional”, al entender que burló el espíritu mismo de la interpelación al eludir el diálogo directo.
La coincidencia entre ambos episodios revela un patrón preocupante: frente a cuestionamientos incómodos, tanto en el ámbito nacional como en la provincia de Chaco, sus funcionarios optan por el silencio y la retirada antes que afrontar el debate parlamentario. En un sistema republicano, interpelar no es solo oír un discurso, sino someter a los responsables a preguntas y contrastar sus respuestas. Cuando esta instancia se elude, se abre un nuevo frente de desconfianza ciudadana hacia quienes deberían rendir cuentas sin excepciones.