La relación del gobierno de Javier Milei con el Poder Judicial vuelve a exhibir una lógica instrumental: la Justicia es válida solo cuando ratifica sus decisiones. Cuando no lo hace, pasa a ser parte de la “casta”. Así lo dejó en claro este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni, quien anunció que el Ejecutivo apelará la medida cautelar que restituyó el feriado del 27 de junio para los trabajadores estatales nacionales. No conforme con la presentación judicial, Adorni lanzó una embestida pública contra la jueza que firmó el fallo.
“La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”, escribió Adorni en su cuenta de X, refiriéndose al fallo de la jueza nacional del Trabajo Moira Fullana, quien resolvió en favor del reclamo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El funcionario no solo desacreditó la decisión judicial, sino que calificó a la magistrada de “incompetente” y “militante”, una muestra más del desprecio oficial por los contrapesos institucionales cuando estos obstaculizan su agenda.
La resolución judicial suspende de manera provisional los efectos del DNU 475/2024, impulsado por el Poder Ejecutivo para eliminar el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, establecido por ley desde 2013. La medida, con alcance limitado a los trabajadores representados por ATE, fue justificada por la jueza en función de evitar un daño irreparable mientras se resuelve el fondo de la cuestión. La magistrada advirtió que el decreto podría vulnerar derechos colectivos reconocidos en la normativa vigente, al desconocer una fecha instituida por ley y vinculada a la ratificación de convenios internacionales.
La reacción oficial no tardó en llegar. Además del ataque verbal desde la vocería presidencial, el gobierno informó que presentará la apelación “de forma inmediata”, con el objetivo de revocar el fallo y restablecer su decreto. La ofensiva legal también fue acompañada por una nueva campaña discursiva para justificar el ajuste simbólico: “eliminar privilegios de la casta”, una frase que parece aplicada indistintamente a sindicalistas, magistrados, artistas, científicos o docentes, según el interés del momento.
Desde ATE celebraron la resolución judicial como “una defensa de derechos adquiridos” y adelantaron que continuarán con las acciones legales y sindicales necesarias para sostener las conquistas laborales. Su titular, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el intento del gobierno de suprimir el feriado representa “una avanzada directa sobre las condiciones laborales del sector público”.
El caso expone con claridad la estrategia del oficialismo: avanzar por decreto sobre derechos establecidos por ley, deslegitimar a quienes se oponen y descalificar a los jueces que frenan sus decisiones. Mientras tanto, Milei y su gabinete insisten en su cruzada ideológica contra el Estado y sus trabajadores, sin reparar en los marcos constitucionales ni en los equilibrios institucionales. La tensión entre legalidad y autoritarismo administrativo vuelve a quedar en evidencia, esta vez con el calendario laboral como campo de batalla.
Fuente: Infobae