La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 7 de julio a las 12:00 h la audiencia donde se debatirá si Cristina Kirchner debe confeccionar listas y pedir autorización judicial para recibir visitas durante su prisión domiciliaria en San José 1111, Constitución.
De acuerdo con la Ley de Ejecución Penal (Ley 24.660), los artículos sobre control y registro de visitantes (163–167) sólo aplican a internos en establecimientos penitenciarios, no a los beneficiados con arresto domiciliario, quienes jurídicamente no están sujetos a un régimen de visitas ni deben solicitar permiso previo para que familiares, médicos o abogados ingresen a su hogar.
En la práctica, este “listado” ni siquiera se exige a condenados por delitos de lesa humanidad: ex represores como Miguel Etchecolatz –beneficiado con prisión domiciliaria en 2016– o Antonio Musa Azar –puesta en casa desde 2018– recibieron visitas sin necesidad de autorización o listas judiciales previas.
La insistencia en que Kirchner demande permisos adicionales “excede lo previsto por la ley”, pues la normativa no regula visitas en domicilios particulares bajo arresto domiciliario, lo que convierte el requerimiento en un agregado procesal sin base legal.
Por último, no hay registro de mujeres mayores de 70 años cumpliendo pena en establecimientos carcelarios federales: todas las condenadas de esa edad han accedido al arresto domiciliario en aplicación del inciso d) del artículo 32, que las protege por su vulnerabilidad y ampara su permanencia en el hogar.