En una nueva escalada del enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los gremios, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó este jueves a desobedecer el decreto del presidente Javier Milei que elimina el feriado del 27 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador del Estado. Desde el sindicato no solo llamaron a tomarse la jornada como asueto, sino que anticiparon la presentación de un amparo judicial y advirtieron que no descartan medidas de fuerza.
“Este es un decreto trucho que no vamos a cumplir. Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional”, declaró el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien además calificó la decisión del Ejecutivo como un castigo político al sector público por no haberse alineado con la agenda oficial. “Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque no nos entregamos y fuimos el sindicato que los confrontó desde el primer día”, agregó.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 430/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, lleva la firma de todo el gabinete y borra de un plumazo un derecho laboral reconocido por ley desde 2013. Con esta medida, el oficialismo desmantela otra conquista del Estado de derecho en nombre de una supuesta cruzada por la “cultura del trabajo”, mientras sostiene privilegios financieros para sectores concentrados.
Aguiar también cuestionó el desconocimiento histórico y jurídico del gobierno libertario al avanzar por decreto sobre una norma votada por el Congreso. “La ignorancia de este Gobierno es infinita. El 27 de junio se conmemora la sanción del Convenio 151 de la OIT, que impulsa la negociación colectiva en el sector público. Es un reconocimiento a una lucha continental. Celebrarlo es un derecho, no un beneficio discrecional”, advirtió.
ATE solicitará a los gobernadores e intendentes que mantengan el carácter no laborable de la jornada en sus respectivas jurisdicciones, recordando que la medida de Milei solo afecta a la administración pública nacional. Al mismo tiempo, el sindicato brindará cobertura legal a quienes ejerzan su derecho a no trabajar el 27, tal como establece la Ley 26.876.
La eliminación del feriado fue anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni con argumentos que reflejan el desprecio del gobierno por los trabajadores estatales. “El Estado no es un espacio para otorgar beneficios especiales ni días sabáticos que no tienen justificación”, dijo en conferencia de prensa, omitiendo deliberadamente el marco legal e histórico del asueto.
El decreto, más simbólico que efectivo en términos fiscales, se inscribe en una lógica de provocación permanente hacia el sector público, al que el oficialismo ataca discursivamente desde la campaña, sin ofrecer una estrategia real de transformación estatal. Lejos de proponer un modelo de eficiencia o modernización, la política de Milei se limita a recortes y gestos ideológicos orientados a reforzar el relato de ajuste, incluso si para ello hay que vulnerar leyes y acuerdos internacionales.
Para el sindicalismo, lo que está en juego es más que un feriado: es el intento de borrar la memoria colectiva y erosionar los derechos laborales desde la trinchera de un poder ejecutivo que parece decidido a gobernar por decreto, sin Congreso ni diálogo social.
Fuente: Ambito