El presidente Javier Milei firmó el Decreto 424, que anula la Ley 27.790 —sancionada el 4 de junio— y deja sin efecto la declaración de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales, así como la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos para asistencia y reconstrucción. Con 16 fallecidos y daños materiales millonarios, la ciudad había urgido estos recursos, que ahora deberán gestionarse por vías distintas.
ATE y el PJ bonaerense calificaron la medida de “cruel” y “desalmada”, mientras el intendente Federico Susbielles advirtió que la reconstrucción “aún no comenzó” y que sin ese fondo será “muchísimo más dificultoso” reparar puentes, restablecer comercios y asistir a las familias afectadas. Según cálculos locales, Bahía Blanca requería más de 400.000 millones de pesos para recuperar su infraestructura.
El Gobierno argumenta que la ley se solapaba con el Decreto 238/25 —publicado el 1 de abril—, que supuestamente había transferido los mismos 200.000 millones al municipio mediante asistencia directa, a través de créditos blandos, vuelos de insumos y despliegue de fuerzas federales. Sin embargo, datos de la periodista Rosalía Costantino indican que hasta la fecha sólo se destinó 100.000 millones de esos 200.000 anunciados, dejando un faltante de otros 100.000 millones aún por asignar.
Los impulsores del proyecto en el Congreso —entre ellos Juliana Di Tullio, Wado de Pedro y Maximiliano Abad— anunciaron que insistirán en su sanción, alegando que la norma tiene rango superior y prevé soluciones estructurales (exenciones fiscales, moratoria, fomento de obras y créditos) que el decreto no contempla. En tanto, voces provinciales y nacionales reclamaron al Ejecutivo que complete los desembolsos y habilite partidas adicionales para no abandonar a los damnificados.
Ahora Bahía Blanca aguarda que, más allá de los vetos y los decretos, lleguen finalmente los recursos comprometidos para poder “renacer” y reconstruir su infraestructura hidráulica, comercial y social.