En las últimas movilizaciones y reclamos sociales en Argentina se observa con creciente nitidez un fenómeno dual: por un lado, se prioriza la contención de posibles disturbios por sobre la atención a los reclamos ciudadanos; por el otro, se criminaliza y, a la vez, banaliza la protesta social.
En cuanto a criminalización, el Estado y las fuerzas de seguridad han recurrido a herramientas legales y contravencionales para sancionar manifestantes pacíficos. En Jujuy, por ejemplo, el Poder Ejecutivo provincial utilizó el Código Contravencional para notificar a vecinos por “faltas menores” —incluso sin citación previa— simplemente por participar o asistir a cortes de ruta, con multas onerosas y riesgo de privación de libertad. A nivel nacional, organizaciones como el CELS denuncian que al aplicar el artículo 181 del Código Penal (“usurpación”) a ocupaciones de plazas o cortes de calles, se encuadra la protesta en un delito de despojo, facilitando desalojos y represión policial.
Simultáneamente, existe una banalización mediática y discursiva que minimiza el trasfondo de los reclamos. Sectores oficiales y algunos medios prefieren referirse a las movilizaciones como meros “trastornos” o “tiranía de la calle” (término utilizado por la ministra Patricia Bullrich, por ejemplo, durante la gran marcha peronista en junio de 2025), antes que abordar las causas profundas del descontento. Este encuadre reduce la protesta a un problema de orden público, invisibilizando las demandas de salarios dignos, reforma del sistema de salud o defensa de derechos humanos.
Además, la retórica oficial a menudo estigmatiza a los referentes sociales, presentándolos como agitadores o gente interesada en el conflicto. Comunicados de fuerzas políticas y de seguridad suelen acusar genéricamente a “piqueteros” o “extremistas” de buscar el caos, sin diferenciar entre actores ni reconocer la legitimidad de los reclamos.
Este doble movimiento —criminalizar y trivializar— genera un círculo perverso: cuanto más endurecimiento legal y policial hay, más se alimenta la narrativa de “desorden” que justifica la represión; y cuanto más se banaliza la protesta, menos espacio hay para el diálogo y las soluciones de fondo. Romper esta dinámica exige visibilizar las razones de la movilización (desigualdad, falta de acceso a servicios, recortes presupuestarios) y garantizar el derecho constitucional a la protesta pacífica, sin recurrir a sanciones exageradas ni a estrategias de desprestigio público.
Ideológicamente, este enfoque proviene de corrientes neoliberales y conservadoras que ven en la conflictividad social un riesgo para la “paz social” y la “seguridad jurídica” necesarias para atraer inversiones y garantizar la continuidad de un modelo económico basado en la flexibilidad laboral. La criminalización, según el CELS, es “un proceso político, mediático y jurídico que intenta mostrar un reclamo por derechos como una acción criminal, para legitimar el uso de la fuerza pública contra quienes demandan atención de las autoridades”. Al mismo tiempo, la banalización recurre a eufemismos (“cortes molestos”, “trastornos viales”) para que el reclamo pierda su sentido político y se reduzca a un problema de tránsito o de orden público.
A quien más le conviene esta combinación es al poder político y económico que privilegia la estabilidad aparente sobre los reclamos de fondo. La política de “tolerancia cero” ante la protesta garantiza una imagen de control y garantiza el funcionamiento sin fricciones de servicios, comercios y transporte, pilares básicos de la rutina urbana y la actividad empresarial. Además, al fragmentar y estigmatizar a los manifestantes (etiquetándolos de “violentos” o “piqueteros extremistas”), se dificulta la construcción de alianzas sociales amplias en torno a demandas legítimas —salarios, viviendas, derechos básicos— y se debilita la presión sobre los tomadores de decisiones para que respondan políticamente a esas necesidades.
Este enfoque no es neutro. Responde a una lógica ideológica funcional a los intereses del poder económico y político concentrado. En modelos neoliberales —como el que actualmente se promueve desde el Ejecutivo nacional conducido por Milei y replican algunas provincias— el Estado deja de ser garante de derechos para convertirse en gestor del orden. La prioridad no es dar respuesta al hambre, el desempleo o la crisis educativa, sino evitar que esos reclamos alteren la circulación de bienes, servicios y personas. En este esquema, el manifestante no es un ciudadano con derechos sino un “obstáculo logístico”.
En Chaco, la gestión del gobernador Leandro Zdero ha convertido la prohibición de cortes de calle en una bandera política. Desde su asunción, ha insistido en que “el 10 de diciembre del 2023 se terminaron los cortes y los piquetes en el Chaco”, y sostuvo con firmeza: “Nunca más vamos a permitir que los delincuentes impidan circular a la gente de bien.”
Bajo esta lógica, el orden aparece como sinónimo de represión preventiva, y la libre circulación como valor superior a cualquier derecho a la protesta. La criminalización se extiende incluso a quienes simplemente acompañan manifestaciones sociales.
Este discurso no es aislado: forma parte de una narrativa que asocia la conflictividad social con el “curro de los punteros” y no con problemas estructurales como la pobreza, la exclusión o el ajuste.
El Ministerio de Seguridad provincial destacó como “impecable” el trabajo policial que impidió los cortes de calle durante una manifestación en Resistencia, resaltando que “en el Chaco, las calles y rutas ya no se cortan” como un logro de gestión. Simultáneamente, el Municipio de Resistencia interpone denuncias penales contra referentes de movimientos sociales “por obstrucción de la circulación”, invocando el derecho a la libre circulación como argumento principal para criminalizar la protesta.
Pero reprimir la expresión del conflicto no hace que el conflicto desaparezca. Sólo lo profundiza.
Romper este círculo exige, por un lado, reconciliar el derecho a la libre circulación con el derecho a manifestarse, reconociendo que un tránsito momentáneamente interrumpido no invalida una demanda justa; y, por otro, visibilizar las causas estructurales de la protesta (desigualdad, falta de acceso a servicios, precariedad laboral) en lugar de reducirla a un problema de “orden público”. Solo así podrá avanzarse hacia soluciones reales, en lugar de simples parches de seguridad.
Ahora bien, hay un aspecto que no puede ser soslayado: la criminalización y banalización de la protesta encontraron eco en parte de la sociedad, en gran medida debido al desgaste que provocó, en años anteriores, la permisividad casi total frente a los cortes. Muchos ciudadanos sintieron que sus derechos a circular, trabajar o incluso transitar en emergencia se vieron ignorados por un sistema que parecía no poner límites a las formas de protesta. Ese descontento social fue capitalizado por discursos punitivistas que proponen la mano dura como única salida.
Pero ese péndulo, de la permisividad total al castigo absoluto, es igual de nocivo en ambos extremos. La clave está en recuperar el equilibrio perdido, en mostrar a la ciudadanía que no todo es lo mismo, que no todas las protestas son arbitrarias ni abusivas, y que existen motivos legítimos, urgentes y profundamente justos que merecen ser escuchados y atendidos, aunque impliquen algún grado de incomodidad.
Sí, hay que evitar excesos. No se trata de naturalizar cortes permanentes o protestas que se conviertan en extorsión. Pero tampoco puede aceptarse un modelo de sociedad en el que cualquier reclamo que moleste al poder o interrumpa la rutina sea considerado automáticamente ilegítimo.
Y aquí cabe una reflexión final urgente: estas políticas neoliberales trazan un modelo de Estado al servicio de unos pocos. Un Estado que primero estigmatizó a los piqueteros y movimientos sociales, presentándolos como culpables del caos, y que ahora se enfrenta en las calles con jubilados, médicos, docentes, estudiantes universitarios y otros sectores de la sociedad. Si no se atienden los problemas estructurales que originan el malestar social —como el ajuste, la inflación, la precarización o el desmantelamiento de servicios públicos—, mañana serán otros los que salgan a reclamar, y con ello se dificultará cada vez más la aplicación del aparato represivo, así como la estigmatización y banalización de los colectivos que llevan adelante la protesta.
Reprimir no es resolver. Y sin respuestas reales, el "orden" puede durar un rato, pero no es justicia.