Con el telón de fondo de una economía asfixiada y con las provincias enfrentando una fuerte retracción en sus ingresos, los gobernadores se movieron como bloque en el Congreso para acotar la discrecionalidad con la que el presidente Javier Milei distribuye los fondos nacionales. A través de un proyecto consensuado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), 18 mandatarios provinciales impulsan una ley que limita el reparto político de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y redefine la coparticipación del impuesto a los combustibles.
El mensaje fue claro: si la Casa Rosada no está dispuesta a compartir el poder de la lapicera, el Congreso se convertirá en terreno de disputa. El proyecto busca eliminar los fideicomisos financiados con el impuesto a los combustibles líquidos, para que esos recursos puedan ser redistribuidos automáticamente entre Nación y provincias, según los coeficientes establecidos en la ley de coparticipación. En otras palabras, quitarle al Ejecutivo el poder de premiar y castigar a discreción.
"Son fondos que la Nación retiene y no distribuye, mientras las provincias necesitan sostener servicios esenciales como salud, educación, seguridad y justicia", advirtió el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, luego de la reunión. La jugada, en términos políticos, marca un límite concreto a la concentración de recursos en Balcarce 50, bajo el argumento de “más federalismo y mayor equidad distributiva”.
Al cónclave asistieron representantes de casi todas las jurisdicciones: desde Kicillof en Buenos Aires, hasta Pullaro en Santa Fe, Llaryora en Córdoba, Cornejo en Mendoza y Jaldo en Tucumán, entre otros. Solo se ausentaron Insfrán (Formosa) y Valdés (Corrientes). El peso político del grupo obliga al gobierno nacional a negociar, aun cuando desde el oficialismo se insiste con que el ajuste debe ser acompañado también por las provincias.
Francos, el jefe de Gabinete, intenta sostener los puentes abiertos, aunque en Córdoba volvió a señalar que “hay gobernadores que ajustaron y otros que no hicieron nada”. La presencia de sus funcionarios en el encuentro del CFI –Lisandro Catalán y Carlos Guberman– buscó precisamente contener el frente interno ante una crisis que ya impacta en fábricas, obras y servicios provinciales.
El verdadero conflicto no es solo por los números. Lo que está en juego es el modelo de relación entre el Gobierno nacional y las provincias: si se consolida una centralización autoritaria de los fondos públicos o si, por el contrario, las provincias logran reequilibrar la balanza institucional. El debate ya está en el Congreso. Y el margen político de Milei se prueba, nuevamente, en el terreno donde la lapicera no se maneja por Twitter.
Fuente: Letra P