El 16 de junio de 1955, la ciudad de Buenos Aires vivió una de las jornadas más trágicas de su historia. Aquel jueves al mediodía, aviones de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea atacaron la Casa Rosada y la Plaza de Mayo con el objetivo de matar al presidente Juan Domingo Perón y derrocar su gobierno. Fue un intento de golpe de Estado que, además de fracasar, dejó un saldo atroz: más de 300 muertos y más de 800 heridos, en su mayoría civiles.
Durante más de tres horas, las bombas cayeron sobre edificios públicos, autos, transeúntes y manifestantes peronistas que habían acudido a la plaza a defender al gobierno. La masacre fue indiscriminada. Los cuerpos quedaron desparramados entre escombros, fuego y metralla. Algunos de los pilotos llevaban pintado en sus aviones el lema “Cristo Vence”. Lo que vino del cielo esa tarde fue todo lo contrario.
Perón logró refugiarse en el Ministerio de Guerra y salvar su vida. El golpe fue contenido por el Ejército leal y el ataque repelido, pero el país ya había sido atravesado por una línea de sangre que no se borraría. Aquel bombardeo marcó el inicio del fin del segundo gobierno peronista, que sería derrocado tres meses después con otro golpe, esta vez exitoso, el 16 de septiembre de 1955.
El atentado del 16 de junio fue el primer bombardeo aéreo sobre población civil en tiempos de paz en la historia argentina. No hubo justicia para las víctimas. No hubo juicio ni condenas. Por décadas, fue también un tema silenciado. Hoy, a 70 años, sigue siendo una herida abierta, un espejo incómodo del odio político llevado al extremo.
Setenta años después, la Argentina no se bombardea con aviones, pero sí con discursos cargados de resentimiento, intolerancia y deshumanización del otro. La violencia simbólica ha reemplazado a la pólvora, pero no por eso duele menos. Aquella tragedia debería servirnos como advertencia: cuando el odio deja de ser una opinión y se convierte en acción, el costo lo pagan siempre los inocentes.