La jueza federal Zunilda Niremperger dictó el procesamiento con prisión preventiva del ex suboficial mayor Gabino Manader y del ex comisario general Eduardo Wischnivetzky, ambos exintegrantes de la Policía del Chaco, por la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos contra los militantes de las Ligas Agrarias Carlos Páez y Aureliano Villan. Los hechos se remontan al 14 de abril de 1974, cuando Páez y Villan fueron detenidos en Sáenz Peña y Quitilipi respectivamente, alojados en la alcaidía local y sometidos a torturas con picana y simulacros de fusilamiento para obtener información sobre su militancia política.
En su resolución, la magistrada consideró acreditado “el carácter de funcionario policial de los imputados en la época de los hechos” y su actuación “en el marco de un plan sistemático ejecutado desde el aparato estatal”. Además, subrayó la conexidad de este episodio con la causa original contra los sacerdotes Gianfranco Testa y Joaquín Núñez, detenidos en el mismo operativo, y la coincidencia temporal y espacial de todos los delitos en la alcaidía de Sáenz Peña.
Los relatos de las víctimas, junto a testimonios de otros detenidos —entre ellos los propios sacerdotes— y de monjas que cuidaban a los prisioneros, fueron clave para reconstruir el horror vivido. Páez, de apenas 17 años, fue trasladado a un descampado donde lo ataron a un árbol y simularon su fusilamiento; su delicado estado de salud motivó, incluso, una internación de tres días en el hospital local.
Este procesamiento se suma a los fallos que, desde 2019, han condenado a expolicías y exmilitares por crímenes de lesa humanidad contra campesinos chaqueños. En aquel juicio conocido como “Ligas Agrarias”, el Tribunal Oral Federal de Resistencia impuso prisión perpetua a oficiales del Ejército y penas de hasta 18 años para exagentes que encubrieron, torturaron y privaron de su libertad a dirigentes rurales.
Las Ligas Agrarias fueron un movimiento de base rural surgido a fines de la década de 1960 y principios de los 70 en el nordeste argentino. Reunían a pequeños productores, colonos y trabajadores rurales que, ante la marginación del modelo agroexportador dominante, decidieron organizarse para reclamar condiciones justas de producción, acceso a tierra y mejoras en infraestructura. Con un fuerte componente cooperativo y una agenda de justicia social, se convirtieron en un referente político para las comunidades campesinas de Chaco, Corrientes y Formosa, y fueron vistos por las fuerzas de seguridad de la época como una “amenaza subversiva”.
La causa Sacerdotes‑Ligas Agrarias 2 reaviva la memoria de los atropellos cometidos durante la última dictadura y refuerza el compromiso de la justicia por llevar ante el tribunal a quienes ejecutaron planes de represión ilegal. Con este nuevo procesamiento, la provincia de Chaco avanza un paso más en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas y sus familias.