El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de marines en Los Ángeles para contener las protestas contra su campaña de detención y deportación de migrantes. La medida, inédita desde el auge del movimiento por los derechos civiles en los años 60, avivó la tensión política entre el gobierno federal y las autoridades demócratas de California, mientras crecen las críticas por el uso de fuerzas militares en suelo estadounidense.
La ciudad, con una enorme comunidad latina e inmigrante, atraviesa su quinto día consecutivo de protestas, en su mayoría pacíficas. Sin embargo, el arribo de 700 marines —sumados a los 4.000 efectivos de la Guardia Nacional ya desplegados— marcó un punto de inflexión. Trump, que no descartó invocar la Ley de Insurrección, justificó la militarización al calificar los hechos como “una invasión extranjera” y tachar a los manifestantes de “insurrectos”.
El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó este martes a la justicia bloquear el despliegue por considerarlo inconstitucional. “Trump se comporta como un tirano, no como un presidente”, declaró, y acusó al mandatario de intentar imponer una ocupación militar en una ciudad cuya seguridad, aseguró, está bajo control local. En la misma línea se expresó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien remarcó que la mayoría de las protestas han sido pacíficas y lamentó el costo millonario del operativo: «¿Qué van a hacer los marines cuando lleguen aquí? Es una buena pregunta. Nadie lo sabe”.
El enfrentamiento entre gobiernos alcanzó dimensión internacional luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusara sin pruebas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de incentivar las protestas. Sheinbaum rechazó de plano esa afirmación y compartió un video donde se pronuncia en contra de cualquier forma de violencia, al tiempo que reiteró su pedido por una “reforma migratoria integral” en Estados Unidos.
Las manifestaciones, disparadas por las redadas en lugares de trabajo iniciadas la semana pasada, se expandieron a otras ciudades del país, incluyendo San Francisco, Austin y Dallas. En algunas de ellas, la policía declaró las reuniones como “asambleas ilícitas” y hubo enfrentamientos. En total, más de 100 personas fueron detenidas solo en Los Ángeles.
Mientras tanto, el gobierno federal insiste en una narrativa de orden y seguridad, en la que las movilizaciones son presentadas como una amenaza a la soberanía nacional. Durante un acto en Fort Bragg, Trump redobló la apuesta al afirmar que “no se permitirá que banderas extranjeras gobiernen nuestras calles” y hasta sugirió arrestar al gobernador Newsom.
El uso potencial de la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar tropas para reprimir desórdenes civiles sin el consentimiento estatal, generó alarma entre expertos constitucionalistas y organizaciones de derechos civiles. Esa herramienta legal no se ha utilizado en más de medio siglo, y su aplicación actual podría abrir un peligroso precedente en la democracia estadounidense.
En las calles, las posiciones también se polarizan. Mientras una minoría de comerciantes apoya la presencia militar como medida contra el vandalismo, muchos ciudadanos denuncian una respuesta desproporcionada. “No es protección, es una amenaza. Esto ya no es una democracia”, expresó Kelly Diemer, de 47 años.
Los próximos días serán clave. La Casa Blanca mantiene su tono desafiante, mientras California recurre a los tribunales. Las imágenes de uniformados patrullando una ciudad estadounidense en plena calma tensa ilustran un clima político cada vez más cargado, con las elecciones presidenciales en el horizonte y la inmigración como uno de los ejes más inflamables del debate público.