Mediante un decreto presidencial, el Gobierno modificará la Ley de Glaciares (N° 26.639), para reducir las zonas protegidas y fomentar la actividad minera e hidrocarburífera.
Así expusieron fuentes oficiales durante los últimos días. La norma pretende fomentar la instalación de industrias extractivas, la liberación de productos químicos o residuos y la construcción de infraestructura no relacionada a la investigación científica.
Según informó TN, apunta también a darle atribuciones a las provincias sobre los espacios donde pueden generar industrias.
Alerta por la Ley de Glaciares: qué cambiará en la reglamentación
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Se redefinen los límites de protección: solo conservarán el status de resguardo aquellas áreas formadas exclusivamente por roca o escombros activos, con más de 1 ha, al menos 2 años de antigüedad y registradas en el Inventario Nacional de Glaciares.
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Se amplían las autorizaciones provinciales para habilitar industrias.
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Los glaciares cubiertos y descubiertos seguirán protegidos, y se mantendrá la obligación de informes de impacto ambiental
Según el Ejecutivo, el decreto brindará “seguridad jurídica” para proyectos de inversión en zonas periglaciares, que enfrentaban incertidumbre bajo la normativa actual.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, junto a la Secretaría de Energía (María Tettamanti), Coordinación de Energía y Minería (Daniel González) y la Secretaría Legal y Técnica (María Ibarzabal).
Las consecuencias para el ambiente y la provisión de agua
Las zonas periglaciares cumplen un rol hidráulico crítico: regulan cursos de agua, actúan como reguladores térmicos. Por eso, su vulneración podría comprometer la disponibilidad de agua dulce en cuencas clave.
Organizaciones como Greenpeace Argentina ya advirtieron que “modificarla para favorecer inversiones sin controles estrictos es una señal peligrosa”, ya que estos ambientes actúan como reservas estratégicas frente al cambio climático.
En 2024, durante el tratamiento de la “Ley de Bases”, ya se habían propuesto modificaciones similares, pero se retiraron por falta de apoyo en el Congreso.
Incluso, la ONU advirtió en febrero de 2024 que estos cambios eran “regresivos” y podían menoscabar el entorno para defensores ambientales.