Por Nahuel Lag
La Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) pone once ejes sobre la mesa para debatir otro modelo de “campo”, para una nueva «Propuesta de Política Agraria». El desafío es desarrollar el agro más allá de la exportación de commodities, pensar el campo “con un millón de chacras” y defender instituciones públicas como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Conicet y las universidades públicas para trabajar por intereses comunes, que potencien a los agricultores y cooperativas y no la apropiación privada para las grandes empresas. También proponen crear valor agregado, políticas para producir alimentos en todo el territorio, abastecer las mesas con trabajo cooperativo y exportar con políticas soberanas.
La idea comenzó a estructurarse durante el año pasado, con mesas de intercambio con especialistas hacia el interior de Fecofe y concluyó en los once ejes que este año serán puestos en debate en distintas regiones del país. El primer paso será en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Continuará de esa manera en espacios públicos y con invitación abierta a organizaciones y productores con el objetivo de cerrar la Propuesta de Política Agraria para finales de 2025.
“Hace muchos años que no se habla de desarrollo en el sector rural sino de cuántas toneladas más o menos se producen. Si el contexto político actual es exacerbado, si plantea los extremos, nosotros vamos a plantear que queremos un cambio radical del modelo agropecuario, por uno que contemple las dimensiones económica, social y ambiental”, propone Ricardo Garzia, secretario de Fecofe.
El documento preliminar elaborado por la Federación es crítico de la “representación vacía” de “el campo”, que quedó cristalizada desde el conflicto de 2008 en las entidades de la Mesa de Enlace, y apunta contra “el accionar que tiene como objeto casi exclusivo el reclamo continuo sobre retenciones y tipo de cambio”. También es crítico del modelo agropecuario hegemónico y lo describe como parte de la globalización de mercado y responsable de haber “enterrado todos los procesos de acceso a la tierra y la discusión sobre la cuestión agraria”.
Los ejes propuestos por Fecofe para abrir el debate de una nueva Propuesta de Política Agraria son: Tierra y Tenencia, Ambiente, recursos y territorio; Ciencia y Técnica; Perspectiva de Género; Juventud; Esquema Tributario; Modelo Productivo; Agro y Ruralidad: nuevos sujetos; Cooperativismo; Alimentos y Alimentación; Estado y Gobierno del sector agrícola.
“La representación está en crisis no solo en el agro ni en la ruralidad, sino en todos los espacios de organización y participación de nuestra sociedad. En lo que hace al agro, una dirigencia que solamente discute retenciones, tipos de cambio o devaluación. Hace rato que dejó de representar a una ruralidad más diversa, con muchos temas respecto de cambios tecnológicos, globales y sociales que nos cruzan a las familias rurales en los territorios y no son parte de las agendas de las dirigencias de las organizaciones tradicionales, que miran a los grandes medios y a los funcionarios de turno”, analiza Edgardo Grünfeld, referente del Área Institucional de Fecofe. Marca la necesidad de convocar a la juventud, alejada de la participación de filiales y bases cooperativas, pensar las nuevas tecnologías y ampliar la representación a partir de indagar “con los productores como protagonistas desde los territorios”.
La tierra del millón de chacras
El documento preliminar de Apuntes para una Propuesta Política Agraria, que se materializó en los ejes propuestos para el debate, contiene análisis y acciones sobre temas centrales. “La tierra” es el primero de ellos como una problemática de larga data que está reflejada en las cifras de los últimos censos agropecuarios.
Según un reciente informe del INTA, a partir de los datos de los últimos dos censos, el 64 por ciento de las Explotaciones Agropecuarias (EAP) corresponden al sector campesino, productores familiares y pequeñas cooperativas, pero cuenta con solo el 13 por ciento de las tierras en producción. Otro informe de la Cátedra Giberti, también sobre los datos de los censos agropecuarios, marca que la tierra operada mediante distintos convenios de alquiler en la región pampeana (zona núcleo del agronegocio), creció un diez por ciento entre censos y cuadruplicó su participación respecto del resto del país.
Frente a esa realidad, el documento de Fecofe plantea como “objetivos inmediatos y principales enfrentar la lógica imperante que funciona como un mercado anual de oferta y demanda de tierras” que tuvo como consecuencia la concentración de las tierras en pocas manos y la expulsión de productores. Propone “volver a poner en agenda la cuestión de la tenencia y acceso a la tierra, tema esencial silenciado en las últimas décadas”.
Con ese objetivo, entre las propuestas está la de volver a discutir una Ley de Arrendamiento, cuya última reforma fue dictada en 1980 durante la última dictadura cívico-militar para facilitar la liberalización y concentración de las tierras, y la de restablecer la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales, que limita la extranjerización y en especial su comercio en un mercado internacional (y que fue derogada por el presidente Javier Milei con el DNU 70/2023, aunque obtuvo un amparo favorables en el Poder Judicial).
Estas propuestas también deben ser acompañadas por políticas y acciones para la obtención y redistribución de tierras, especialmente orientadoras a los jóvenes y con perspectiva de género. Además de promover la producción de tierras ociosas destinándolas a pequeños y medianos productores.
La propuesta agropecuaria de Fecofe también agrega al debate la recuperación de políticas de promoción de pueblos rurales, de infraestructura, de circuitos cortos de comercialización y turismo rural, y sentencia: “Las decisiones y la conformación del territorio también es un hecho político, es ‘política territorial’”.
Esa gran batería de propuestas relacionadas a la tierra se sintetizan en un lema que acuñó la Federación sobre la vuelta del “millón de chacras”. “Es más importante recuperar las 300 mil explotaciones agropecuarias que se perdieron que poner diez millones de toneladas más de granos en las bodegas de los buques para la exportación”, contrapone Garzia y agrega: “Argentina puede producir mucho más, con mejores condiciones, pero con un interior poblado. Donde hay cooperativas hay arraigo, hay trabajo, hay cuidado del ambiente y hay conciencia de cuánto, cómo y qué se produce”.
De los commodities o un modelo federal de producción de alimentos
La expulsión de productores de los campos y la concentración de tierras son parte de un modelo productivo, económico y político. La propuesta agraria de Fecofe propone salir al cruce “del actual modelo de renta financiera con eje en los fondos de inversión, dando oportunidad de fortalecer a un entramado de productores y sus cooperativas, Pymes y prestadores de servicios, vinculados al agregado de valor local y el desarrollo regional”.
En ese modelo, el comercio interno y el internacional cumple un rol ordenador para garantizar un mínimo creciente de participación de las cooperativas en el mercado de granos, revisar la Ley Federal de Carnes y promover normas de adquisición de productos de cooperativas en programas alimentarios.
“Hay una correlación entre qué es lo que estamos produciendo en volumen, miles de toneladas de productos primarizados, y el comercio internacional que no dominamos. La Argentina tiene que cambiar, tiene que ser soberana en sus decisiones de comercio exterior y poder agregar valor a su producción. Tiene que haber una política de regulación, intervención, para defender la industria nacional, a los productores y a los consumidores. En la actualidad, el Gobierno está fomentando que los productos de valor agregado entren vía importaciones y no una política de alimentos soberana”, define Garzia.
El debate también se extiende sobre las políticas tributarias, que tienen a las retenciones como eje de todos los debates en torno “al campo”. “El debate no se puede agotar en las retenciones y menos sobre la soja u otro cultivo aislado. La discusión se tiene que enmarcar en a quiénes queremos promover y quién tiene que hacer el mayor esfuerzo. Hay que ir a una segmentación por escalas, por territorio, no es lo mismo producir en el Valle de Río Negro o en la Puna que a 100 kilómetros del puerto de Rosario”, señala Grünfeld.
“La discusión fiscal es parte de una discusión de qué proyecto de país y qué rol queremos que jueguen los agroalimentos y la agroindustria para desarrollar los territorios, para generar divisas, pero fundamentalmente redistribución. Nosotros queremos una agricultura con más agricultores y un agro con cada vez más cooperativas para generar empleo en los territorios y abastecer las mesas de los argentinos. Ser protagonista de la exportación de mercaderías y de servicios, y revertir el peso cada vez más grande de las multinacionales”, completa.
Ciencia para el territorio, organismos democráticos y cuidado del ambiente
La “Ciencia y técnica” es un eje particular para la política agropecuaria planteada desde el cooperativismo y con actualidad a partir de los embates que el INTA resiste como parte del plan de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza desde diciembre pasado.
“El Gobierno actual está haciendo todo lo posible por subdesarrollar a la Argentina”, sentencia Garzia y señala que el modelo propuesto por Milei es el de “un país que exporta materias primas del extractivismo, sin importar si hay un productor o cien mil productores en un territorio”.
“Atacar el sistema científico tecnológico es atacar el desarrollo de la Argentina, es desconocer los 70 años del INTA, un sello internacional que el Gobierno y sus socios de la Mesa de Enlace están haciendo lo posible por desguazar”, denuncia Garzia, quien en noviembre pasado fue designado como presidente del Consejo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (Cipaf).
El documento preliminar de Fecofe valora la investigación pública del INTA, el Conicet y las universidades nacionales, pero marca la necesidad de “evitar que las innovaciones estén solamente en manos de pocas empresas concentradas y en función de sus intereses” y propone “limitar los convenios de exclusividad con las compañías para recuperar la transparencia y el acceso público a la información”.
La nueva política agraria propone que la investigación se oriente a promover la “vuelta al campo” y que los productores y sus organizaciones no pueden ser ajenos al desarrollo, difusión y utilización de las innovaciones. El documento exige la participación de las cooperativas en los distintos ámbitos de decisión, planificación, control y gestión. Un reclamo que el sector realiza hace años junto a las organizaciones campesinas para tener una silla en el Consejo Directivo del INTA. Y que podría verse reducido a la mínima expresión de la Mesa de Enlace según los planes de Milei.
“Pretenden, por ahora, quitarle un cuarto de su planta de trabajadores, modificar su órgano de conducción y quedarse con el control político del INTA desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía. La Argentina corre el riesgo de quedarse sin una de sus naves insignias. Esperemos que el daño que haga este Gobierno pueda ser revertido en el futuro, cuando esta gente se retire del poder”, apunta Garzia.
Otros dos ejes de la propuesta de Fecofe cuajan con la realidad del INTA: que los organismo no tengan su sede central en la Capital Federal y que sus directores no tengan conflicto de intereses, como ocurre con el actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, integrante de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y de la Sociedad Rural de Balcarce.
El enfoque de la propuesta también resalta que las nuevas tecnologías deben ser “un aporte al bienestar general, a la salud, a disminuir el impacto negativo sobre el medioambiente y resguardar los recursos naturales, la biodiversidad y la sustentabilidad”. Por ejemplo, en materia de semillas, propone un abordaje que resguarde las semillas nativas, criollas y de la agricultura familiar, que impulse una producción diversificada y desarrolle líneas sin organismos genéticamente modificados (OGM).
“La dimensión ambiental es estratégica para poder pensar una nueva política agraria. Es una dimensión que si no pensamos tenemos que subordinarnos a lo que piensan otros en una era en la que el cambio climático no es solo una realidad sino que condiciona la producción”, plantea Grünfeld y amplia: “Hay que pensarlo desde lo tecnológico, los productivo, la innovación y cómo está impactando la calidad de vida de nuestro territorios, por ejemplo, en cómo se está gestionando el acceso a los recursos como la tierra y el agua”.
El documento de Fecofe plantea el incumplimiento de un conjunto de normas ambientales a nivel nacional y provincial que permitirían la efectiva protección y restauración de los recursos naturales (políticas del uso del suelo, del agua y la conservación de la biodiversidad y los recursos genéticos).
“Hay que generar valor agregado en territorio con una mirada de la ‘casa común’ y no contraponer el ambiente por un lado y la producción por otro. Cuando ponemos a las familias y las comunidades en el centro del debate se enriquecen las miradas”, sostiene Grünfeld y concluye: “No hay quién cuide más de sus campos, territorios, infraestructuras e instituciones que aquellos que viven y apuestan a que sus hijos viven en el lugar, esa es la mirada del movimiento cooperativo”.
Fuente: Agencia de Noticias Tierra Viva