El presidente Javier Milei adelantó que vetará la ley que mejora los haberes jubilatorios si es aprobada por el Senado. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en Diputados, dispone un incremento extraordinario del 7,2% y la restitución de la moratoria previsional por dos años. En su lógica de “déficit cero” a cualquier costo, Milei no vaciló en calificar la propuesta como “demagogia populista”, pese a que busca aliviar el deterioro de los ingresos de uno de los sectores más vulnerables del país. “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero. Fin”, publicó en redes sociales, sin matices ni referencias a la crisis social que atraviesan millones de jubilados.
La aprobación en Diputados contó con un amplio respaldo opositor: 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. La iniciativa modifica el esquema del DNU 274/2024, estableciendo una mejora excepcional y estableciendo por ley la actualización de los haberes según la inflación. Además, propone llevar el bono de $70.000 —congelado desde el final del gobierno anterior— a $110.000 y actualizarlo mensualmente. El rechazo del oficialismo deja a la intemperie a los adultos mayores que, mes tras mes, ven licuado su ingreso sin respuesta del Ejecutivo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también defendió la postura intransigente del Gobierno y confirmó que Milei vetará “todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal”. En su mensaje no hubo una sola mención a las condiciones de vida de los jubilados ni a la necesidad de un sistema previsional que garantice derechos básicos. Sólo una defensa cerrada del ajuste como única doctrina.
El proyecto aprobado en la Cámara Baja incluye fuentes de financiamiento para compensar el gasto. Se propone eliminar exenciones impositivas a directores de empresas, gravar sociedades de garantías recíprocas, readecuar partidas presupuestarias y redireccionar fondos que iban a la ex-SIDE, entre otras medidas. Pero el Gobierno, enfocado en su agenda de castigo fiscal, rechaza cualquier intento de alivio social, incluso si está acompañado de mecanismos para sostener las cuentas públicas.
Con esta nueva amenaza de veto, Milei refuerza su confrontación con el Congreso y vuelve a ubicar al ajuste como prioridad indiscutida, incluso por encima de los derechos de millones de personas mayores. El mensaje es claro: para el Gobierno, garantizar el superávit importa más que garantizar una vejez digna.