Hoy, 3 de junio de 2025, se cumplen diez años desde la histórica movilización que dio origen al movimiento Ni Una Menos en Argentina. La primera marcha tuvo lugar el 3 de junio de 2015 en más de ochenta ciudades del país, impulsada por el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años embarazada asesinada por su novio en Santa Fe. Aquel día, organización central de colectivos feministas y numerosas referentes sociales convergieron en la Plaza del Congreso, bajo la consigna “Ni Una Menos” para exigir el cese de la violencia machista y visibilizar el aumento alarmante de femicidios: en 2015 se registraba en Argentina un femicidio cada treinta horas.
Desde entonces, Ni Una Menos se consolidó como un movimiento que trascendió fronteras: en junio de ese mismo año se convocaron marchas en países vecinos como Uruguay y México, y rápidamente llegó a naciones de diversos continentes, desde Chile hasta Francia y Turquía. En el plano local, la presión social que generó aquella primera convocatoria impulsó avances legislativos —entre ellos la Ley Micaela (27.499), que establece la capacitación obligatoria en género para funcionarios públicos— y marcó un hito en la agenda pública al exigir estadísticas oficiales sobre femicidios y mayores recursos para la protección de víctimas.
Diez años después, el movimiento conserva vigencia aunque enfrenta nuevos desafíos. Según datos del Observatorio de Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, entre junio de 2015 y mayo de 2024 se cometieron al menos 2.544 femicidios en Argentina, lo que equivale a uno cada treinta y un horas. Pese a contar con un marco normativo avanzado, numerosas voces —familias de víctimas, organizaciones civiles y especialistas— alertan sobre la insuficiente implementación de las leyes, los recortes presupuestarios y la falta de acompañamiento institucional.
Bajo la administración de Javier Milei, el panorama de las políticas de género sufrió un marcado retroceso que repercute directamente en la vigencia de Ni Una Menos. A fines de 2023, el gobierno anunció la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, trasladando el Programa Acompañar —clave en la asistencia económica y social a víctimas de violencia de género— a la órbita del Ministerio de Capital Humano y reduciendo su ejecución presupuestaria en más de un 65% durante el primer semestre de 2024.
Paralelamente, el proyecto de presupuesto 2025 suprimió las partidas destinadas a la línea 144 y a la Educación Sexual Integral, mientras que el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia sufrió un recorte del 27% respecto a 2024. Estos ajustes no solo debilitan la estructura institucional que dio sustento a las demandas de Ni Una Menos, sino que también ponen en riesgo la asistencia inmediata a quienes denuncian situaciones de violencia, justo cuando los femicidios se mantienen cerca de un caso cada treinta horas en el país.
Organizaciones feministas y colectivos de la diversidad señalan que, a una década del surgimiento de Ni Una Menos, la movilización sigue siendo indispensable para preservar los avances conseguidos y visibilizar las deudas pendientes: erradicar la violencia de género, garantizar el acceso a la justicia y revertir la naturalización cultural que sostiene el patriarcado.