Tras varios días de protestas y asambleas impulsadas por los médicos residentes, y con un fuerte respaldo de la sociedad que se manifestó masivamente en marchas y redes sociales, la administración del Hospital Garrahan anunció una suba salarial que lleva los haberes de los residentes a $1.300.000 netos a partir del 1° de julio. La medida busca contener la tensión creciente dentro del hospital pediátrico más emblemático del país y evitar nuevas acciones gremiales, como las previstas para esta semana.
Hasta ahora, los residentes cobraban $797.000 en mano. El aumento, del 30%, fue comunicado oficialmente por la institución este domingo, y presentado como parte de un supuesto “proceso de transformación profunda” que las autoridades dicen estar llevando adelante. Aun así, el comunicado oficial evitó hacer referencia directa al conflicto reciente y se centró en un relato institucional que apunta a desvincular la mejora salarial de las presiones gremiales, adjudicando el ajuste a una “planificación presupuestaria” previamente definida.
En paralelo al anuncio del aumento, se comunicó que desde este lunes comenzará a regir un sistema biométrico de control de asistencia para todo el personal del hospital. Además, se informó que continúa una auditoría interna “para fortalecer el funcionamiento” de la institución. El texto, publicado en redes sociales bajo el título «Orden, mérito y salud: así se fortalece el Hospital Garrahan», fue supervisado por la Casa Rosada y adoptó un tono que combina defensa de la gestión con ataques explícitos a sectores sindicales y políticos opositores.
La dirección del hospital adjudicó el conflicto a una “militancia kirchnerista” que, según el comunicado, “se esconde detrás de los médicos”. También apuntó a gestiones anteriores por “acumulación de cargos innecesarios” y por haber usado al hospital “como plataforma de militancia”. En ese marco, advirtió que el nuevo sistema de control permitirá “terminar con los ñoquis” y sostuvo que “quien no se presente a trabajar será despedido”.
La administración subrayó que este modelo de gestión se basa en “el mérito y la responsabilidad” y reiteró que “quien cumple, cobra más; quien no cumple, queda afuera”. La reacción oficial, con un tono punitivo y políticamente cargado, deja ver que si bien se atendió el reclamo salarial más urgente, el conflicto no se desactiva por completo: se transforma, ahora, en una disputa discursiva por el control simbólico del sistema público de salud.