El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se desplomó de manera estrepitosa. El proceso oral que buscaba establecer responsabilidades penales por el fallecimiento del ídolo argentino deberá recomenzar, prácticamente desde cero, debido a la actuación comprometida de una de las integrantes del tribunal, la jueza Julieta Makintach. Su participación en una serie documental orientada a condenar a tres de los imputados dejó al descubierto una violación grave a los principios de imparcialidad judicial y puso en jaque a toda la estructura del juicio.
Durante una audiencia del Tribunal Oral 3 de San Isidro, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaron pruebas concretas que demostraron el vínculo directo de Makintach con la producción audiovisual titulada Justicia Divina, cuyo enfoque y montaje adelantaban, en los hechos, una condena para el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. Entre las evidencias figuran dos trailers, uno de minuto y medio y otro de seis minutos, material de archivo sin editar, y un guión de seis capítulos que incluso preveía escenas grabadas en la vivienda de la magistrada.
El contenido del guión no deja lugar a ambigüedades: se relata una puesta en escena centrada en la figura de Makintach, con planos detallados de su rutina, descripciones físicas, e indicaciones de estilo que la colocan como protagonista de una narrativa judicial y mediática. En el texto se sugiere que la jueza “acompaña la sentencia”, es decir, que se proyecta una condena antes de que el juicio haya concluido. Incluso se evaluó denominar a la serie La jueza de Dios.
Makintach negó inicialmente su participación, alegando no conocer a los realizadores y minimizando su intervención como un simple testimonio brindado a una amiga de la infancia. Sin embargo, el material presentado contradice de manera frontal esas afirmaciones. En uno de los registros aparece diciendo: “me convocaron para el documental”, dejando en evidencia una relación directa con la producción. Esa mentira reiterada terminó de erosionar su credibilidad. La fiscalía fue categórica: no sólo perdió imparcialidad, sino que falseó su vínculo con un producto que afecta de raíz la legalidad del proceso.
Sus colegas del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, se desmarcaron de forma tajante. Ambos negaron cualquier participación o conocimiento del proyecto audiovisual. Di Tommaso incluso expresó que no permitiría que se la vinculara falsamente a una operación mediática que pone en tela de juicio su trayectoria como primera profesional de su familia. La alusión fue directa al pasado familiar de Makintach, hija de un juez reconocido en San Isidro.
Ante la presión institucional y la contundencia de las pruebas, la jueza terminó cediendo. Aceptó apartarse del juicio argumentando que “no le creerían nada de lo que dijera”, aunque sostuvo que desconocía el guión y que no había visto el material. Su declaración, sin embargo, no disipó las dudas. La cantidad de imágenes suyas en los trailers y el nivel de detalle del guión refuerzan la hipótesis de que su involucramiento no fue circunstancial ni inocente.
En ámbitos judiciales, la lectura es unánime: Makintach fue seducida por la exposición pública y su rol en una causa de alto perfil. La línea argumental de Justicia Divina se alineaba con su visión jurídica sobre los delitos por omisión, justamente la figura bajo la cual se evaluaban las responsabilidades de los imputados. En ese marco, una sentencia condenatoria la hubiera posicionado como una referente nacional e internacional, con acceso a conferencias, publicaciones y notoriedad. Aunque no hay indicios de que haya recibido dinero, sí es evidente que se prestó a un montaje que favorecía intereses ajenos al proceso judicial.
La consecuencia es grave: al tratarse de un tribunal colegiado, la pérdida de imparcialidad de uno de sus miembros contamina todo el juicio. Las decisiones, preguntas y actitudes de la jueza afectaron el desarrollo del debate y condicionaron, inevitablemente, a sus colegas. Por eso, ya se anticipa que el proceso será anulado y que deberá sortearse un nuevo tribunal, conformado por tres jueces diferentes, que reinicien el debate desde su fase preliminar.
Esto implica volver a convocar testigos, reevaluar pruebas, redefinir estrategias. Con una demora que podría extenderse hasta 2026, no sólo se pierde tiempo procesal, también se ve afectada la espontaneidad de los testimonios y se desgasta emocionalmente a las partes involucradas. Los familiares de Maradona, los profesionales imputados y los testigos clave deberán transitar otra vez por el escenario judicial, con toda la carga mediática y simbólica que conlleva el caso.
El daño mayor, sin embargo, es institucional. La credibilidad de la justicia penal bonaerense queda seriamente comprometida. En un juicio de resonancia global, vinculado a la figura más emblemática del deporte argentino, se reveló una operatoria que combina vanidad, imprudencia y espectáculo. La pregunta que flota en el aire es si se trató de un hecho aislado o si es síntoma de un sistema donde los límites entre justicia y show mediático se desdibujan peligrosamente.
La anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona no es sólo una noticia judicial: es un síntoma más de una justicia que, a veces, parece actuar más por exposición que por vocación de equidad.