Mientras crecen las críticas desde la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional redobla la presión sobre las administraciones provinciales para que acompañen —o al menos no interfieran— la implementación del nuevo régimen de Ganancias, incluido en el polémico plan «dólares del colchón» que promueve el ministro de Economía, Luis Caputo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), creada por el Ejecutivo como vehículo para concentrar atribuciones tributarias y aduaneras, avanza en la firma de convenios con las provincias. La propuesta es sencilla y contundente: quienes no adhieran perderán acceso a información fiscal clave sobre facturación y consumos elevados de personas físicas y empresas. El umbral de “alarma”, según el organismo, se sitúa en los $50 millones.
La advertencia llegó en una serie de reuniones por Zoom que Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvieron con gobernadores y ministros provinciales. Participaron referentes de al menos 15 distritos, aunque no hubo todavía un alineamiento explícito por parte de todos ellos. Algunas jurisdicciones se mostraron abiertas, otras simplemente tomaron nota, y desde Buenos Aires ya hubo rechazo directo.
El gobernador Axel Kicillof, a través de su agencia recaudadora ARBA, calificó el nuevo régimen como un «blanqueo encubierto» y ratificó la continuidad de sus controles patrimoniales. Su titular, Cristian Girard, fue tajante: los controles en Ingresos Brutos y otros tributos seguirán firmes, porque «la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió».
La reacción porteña se da en un contexto donde el Gobierno busca legitimar su iniciativa como un acto de «reparación histórica» para los ahorros en divisa extranjera de los argentinos, promoviendo un discurso de “libertad económica” y desregulación. ARCA incluso sostuvo que se trata de una nueva etapa donde “los ciudadanos son inocentes hasta que el Estado demuestre lo contrario”, en clara alusión a un esquema fiscal con menor fiscalización previa.
Sin embargo, no todas las provincias acompañan sin reparos. Santa Fe, por ejemplo, si bien expresó respaldo al blanqueo de capitales, advirtió que implementará filtros propios para evitar que fondos vinculados al narcotráfico aprovechen la medida.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el nuevo esquema simplificado para Ganancias apunta a formalizar activos sin trabas, reduciendo cargas para quienes ya tributan. Pero la tensión con los distritos por la pérdida de controles fiscales revela que el supuesto consenso detrás del plan está lejos de concretarse.